La Diputación quiere acelerar el Plan Revitaliza. Las acciones que estaban en marcha para gestionar el compostaje como la contratación de personal para atender las solicitudes de los concellos o el proceso de cesión, tendrán que avanzar más rápido, según indicó ayer el vicepresidente, César Mosquera, que asegura que la Unión Europea aprobó que para el 31 de diciembre del 2023 la separación según el origen de los residuos orgánicos y su tratamiento sea obligatoria, endureciendo así su puesta en marcha, ya que recorta los plazos para su implantación, e imponiendo sanciones, en el futuro, a quien no cumpla la normativa. Hay un borrador de la ley española del 2011, que es una transcripción de la normativa europea, que intenta recortar esos plazos, por lo que los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes deberán tener el plan implementado el 31 de diciembre de 2020.
Mosquera, declaró que se evitaría la adhesión de nuevos municipios para este mandato, a punto de finalizar, ya que supondría un retraso con el plan, pero sí podrán unirse con la nueva, y próxima, convocatoria.
