12 de julio de 2018
12.07.2018

La APLU recurrió la sentencia favorable a una casa con orden de derribo en Vilaboa

Otra vivienda en el mismo núcleo de Postemirón logró una moratoria de dos años para ser legalizada -Los afectados instan a la Xunta a esperar a que se apruebe el PXOM

12.07.2018 | 03:12
Vecinos "crucificados" en protesta contra los derribos. // Gustavo Santos

La existencia de casi 60 inmuebles en esta situación solo en el municipio de Vilaboa supone -para la plataforma de afectados- que la ejecución de todos los derribos previstos sea "inviable" sin generar un grave conflicto social. "Deberían recapacitar", pide el portavoz de la plataforma, Enrique López Patricio, quien asegura que el movimiento vecinal está tomando cada vez más fuerza, a la vista de que la movilización social empieza a dar frutos.

"La justicia empieza a buscar soluciones cabales pero la APLU solo quiere multar, recaudar y derribar". Es la conclusión que obtiene la Plataforma Salvemos Vilaboa del acuerdo logrado con la Fiscalía para que la propietaria de una vivienda ilegal, levantada en terreno rústico de Postemirón, legalice la vivienda antes de dos años para evitar su derribo. Por el contrario, los propietarios de otra casa en la misma situación y en este mismo lugar de Vilaboa fueron absueltos por el juez, pero la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) recurrió la sentencia para mantener la orden de derribo.

Una conformidad entre las partes logró el pasado martes la reducción de condena para una vecina de Vilaboa acusada de un delito contra la ordenación del territorio, como propietaria de una casa ilegal en Postemirón. Tras el acuerdo entre Fiscalía y defensa, la pena de dos años de prisión que inicialmente se solicitaba se redujo a un año de cárcel, otro de inhabilitación para realizar actividades relacionadas con la construcción y una multa de 1.440 euros, a pagar en diez cuotas de 144 euros desde el próximo agosto.

Mientras, otras demandas anteriores, como la abierta contra Enrique López Patricio, portavoz de la plataforma Salvemos Vilaboa, se han resuelto con sentencia de derribo y la APLU asegura que se ejecutará el fallo judicial.

Para la plataforma, acuerdos como el logrado el pasado martes revelan un cambio de actitud por parte las instituciones ante este problema y el conflicto social que ha generado, ya que "no es una casa o dos las que habría que tirar, son muchas solo en Vilaboa y a ver cómo encaran la contestación social que eso genera", como explica López Patricio.

Esta movilización vecinal ha logrado también la reacción de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Galicia. El campamento de resistencia vecinal instalado en Santa Cristina de Cobres ya ha recibido la visita de una delegación del PSOE, mientras que los parlamentarios de En Marea lo hará en los próximos días. También está por fijar una fecha para que acudan los diputados del Partido Popular.

Grupos políticos

Pero al margen de la reacción institucional que los vecinos empiezan a vislumbrar en la justicia y en los grupos políticos, los afectados solicitan "un método, una solución conjunta" para todos los casos, como podría ser una moratoria en los expedientes hasta que se apruebe el PXOM, de modo que todos los afectados puedan encarar un proceso de legalización de las viviendas sin verse sometidos a la amenaza de derribo "cuando dentro de unos meses todo podría resolverse", explican.

A día de hoy la APLU tiene en tramitación en Vilaboa 58 expedientes de reposición de la legalidad urbanística, de los cuales 30 se refieren a construcciones en suelo rústico y 28 están en zona de servidumbre de protección. Las primeras quedarían legalizadas con la aprobación de un PXOM que las integre en núcleo de viviendas, mientras que las del litoral se podrían regularizar mediante un proceso con Costas del Estado.

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