Las consecuencias de la dura y prolongada huelga de tres meses que vivió la administración de Justicia en Galicia sigue dando sus coletazos. En este caso, dos de los sindicatos que se opusieron al acuerdo alcanzado entre la Xunta y otras centrales denunciaron ayer una "caza de brujas" contra sus delegados. Se trata de los representantes de STAJ, Enrique Araújo; y Alternativas na Xustiza-CUT, Josefina Iglesias y Pablo Valeiras. Los tres están citados a declarar hoy ante la Fiscalía de Pontevedra en calidad de investigados por supuestas coacciones durante la huelga de la Justicia.
Concretamente, se investiga si presionaron y coaccionaron a otros funcionarios y compañeros de las centrales sindicales durante la polémica votación en la que los funcionarios debían ratificar o no el acuerdo suscrito por otras centrales sindicales y la Xunta de Galicia para poner fin a la huelga. Después de informar a los funcionarios de Justicia en Pontevedra en sendas asambleas que se celebraron en los edificios judiciales de A Parda y de la Audiencia, los sindicatos convocaron para hoy una concentración en apoyo de los delegados sindicales y contra la medida de la Fiscalía. Según estas centrales, la denuncia la interpuso un delegado sindical en Ourense del sindicato SPJ-USO ante el TSXG. No obstante, desde este sindicato insisten que la denuncia no la interpuso dicha central, ni tampoco ninguno de sus liberados, sino que la circunscriben a la libertad individual de cada persona de acudir a los tribunales si siente sus derechos lesionados. El Tribunal Superior remitió a su vez la denuncia a la Fiscalía de Pontevedra que abrió diligencias de investigación.
Represalia
Los tres delegados citados a declarar denuncian que el vicepresidente de la Xunta Alfonso Rueda es el promotor de las acusaciones y de esta investigación "en represalia" por una huelga que consideran "ejemplar" para otros trabajadores públicos.
Fina Iglesias, de Alternativas da Xustiza-CUT, cree que se trata de una maniobra de la Xunta y la Fiscalía que pretende callarles "la boca" y enmarcó lo sucedido en la jornada de las votaciones en una reacción "lógica" de parte del colectivo de funcionarios que se sintieron "traicionados" por los cuatro sindicatos que firmaron el acuerdo con la Xunta. "Lo que se votó fue la dignidad", indicó en declaraciones a Europa Press.
Por su parte, Pablo Valeiras denunció una campaña de "represión sindical" de la que acusa en primer lugar al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda; y también a la Fiscalía por "utilizar políticamente a la institución".
Para Valeiras, esta campaña tiene como objetivo "demostrar que cualquiera que se mueva contra el régimen tiene un problema".
