La Xunta pretende que en 2019 esté definido el nuevo mapa de transporte público de Galicia y con ese objetivo ha puesto en marcha una amplia ronda de negociaciones con los concellos de la comarca. El objetivo no solo es poner en marcha el sistema metropolitano, que implica aportaciones económicas de los municipios, sino también reordenar las más de 350 lineas existentes en la provincia. Pero en el caso de la ciudad de Pontevedra se incluye un tercer objetivo: lograr que el Concello cumpla con la obligación legal de implantar su propia red urbana de transporte, de la que carece junto con Ferrol.

La adhesión de Pontevedra al plan metropolitano (a lo que el gobierno local se muestra muy reacio) es una demanda constante de la oposición, sobre todo PP y Marea, mientras que la reivindicación de autobuses municipales es constante por parte de colectivos vecinales. Sin embargo, ambos puntos son motivo de fricción entre el Concello y la Xunta. El gobierno local sostiene que la Consellería de Infraestructuras "confunde" el transporte urbano con el municipal y afirma que el primero "sí existe" con las líneas interurbanas que cruzan la ciudad y, sobre todo, el servicio a Monte Porreiro. El otro punto de discrepancia que pone en peligro el plan metropolitano es la exigencia al Concello de Pontevedra de aportar 300.000 euros al año, mientras que al de Sanxenxo, por ejemplo, solo se le piden 2.000.

Desde hace unas semanas está expuesto al público el Plan de Transporte Público de Galicia, objeto de conversaciones de la consellería con los alcaldes. El propio documento detalla que en él se "establecerán mecanismos de coordinación entre las líneas de transporte interurbanos y los servicios de transporte urbano de titularidad municipal existentes. Para eso, se tendrán en cuenta las previsiones de los correspondientes municipios que actualmente cuentan con ese tipos de servicios para incrementar los servicios actuales dentro de las líneas de su titularidad". Pero también hace referencia al caso concreto de Pontevedra (y Ferrol), municipios "con deber legal de prestar servicios de transporte urbano y que actualmente no dispongan de él". En este caso, el PTPG preverá "los mecanismos necesarios para permitir el establecimiento futuro dieras servicios de transporte urbano, de manera que se garantice el mantenimiento de la prestación de los servicios". No obstante, no se detallan esas posibles medidas.

La negociación de este sistema coincide, además, con el recién presentado nuevo diseño para la estación de autobuses y su conexión con la del tren, donde sí hay pleno acuerdo entre ambas partes. Esta terminal será uno de los ejes del nuevo mapa concesional de Galicia y que para las grandes ciudades se articula alrededor de "líneas regionales, que conectan las siete grandes ciudades (o regiones y áreas urbanas) entre sí y capitales comarcales con alguna de las referidas grandes ciudades". También se diseñarían "líneas intercomarcales, que conectan las capitales comarcales entre sí" y "líneas comarcales para unir núcleos secundarios con sus respectivas capitales comarcales".

El sistema se completaría con "líneas rurales, que conectan núcleos secundarios entre sí" y "metropolitanas, entre las siete grandes ciudades".

Además, se apuesta por "abandonar el esquema fundamentalmente radial actual", de modo que "además de las tradicionales líneas radiales, que dan acceso desde los municipios de la periferia a las ciudades, una nueva serie de líneas transversales que atenderían a las demandas de movilidad entre los concellos del entorno, evitando así la necesidad de hacer transbordos en la ciudad principal".

La primera fase del plan autonómico, iniciado en agosto de 2017, abarcó un total de 166 líneas y 55 municipios en la provincia. Ahora se afronta la segunda etapa, con el horizonte de 2019, para coordinar 355 lineas interurbanas.