Un agente de la Policía Nacional que en 2007 estaba destinado en la oficina de denuncias de la Comisaría de Pontevedra, Lucas Rodríguez Pazos, fue ayer el único de los 14 acusados que se sentaban en el banquillo acusados de tráfico de drogas que negó los hechos. El resto, trece personas que integraban distintos grupos no relacionados entre sí que operaban en distintos puntos de la provincia, aceptaron unas reducidas penas que oscilan entre los tres meses y el año y medio de prisión.
Una de las principales causas de esta reducción de condena no solo ha sido la confesión de los hechos por parte de los acusados. El principal motivo es el largo periodo de instrucción que tuvo esta causa, cuyas primeras detenciones se remontan ya al año 2006. Doce años después se celebraba finalmente el juicio en la Audiencia de Pontevedra, de ahí que la Fiscalía aplicase la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas extraordinarias a los 14 acusados, incluido también el policía nacional que no reconoce los hechos.
Así las cosas, el juicio se suspendió ayer después de que trece de los 14 acusados reconociesen los hechos y de que el agente, hoy en día jubilado, negase la acusación de la Fiscalía. El juicio continuará ahora únicamente con el policía nacional sentado en el banquillo de los acusados en una vista que en principio se prevé que se fije para el mes de octubre, debido a la apretada agenda de la Audiencia tras la huelga.
El de tráfico de drogas no es el único delito que le imputa la Fiscalía a este policía nacional hoy en día ya jubilado. También se le atribuye un delito contra la administración pública de revelación de información reservada por los supuestos "soplos" que daba a los responsables de los clubes de alterne del área de Pontevedra cada vez que sus compañeros de Extranjería salían para realizar una redada en estos establecimientos. El Ministerio Público pide una pena de 2 años y 9 meses por el delito contra la salud pública (además de 21.000 euros de multa) y 14 meses de multa a razón de doce euros al día así como la inhabilitación para el empleo de policía (actualmente ya está jubilado) por espacio de año y medio.
Transacción en Placeres
Aunque Lucas Rodríguez Pazos niega la acusación del fiscal, tres de las personas que figuraban encausadas con él en el llamado "grupo de Pontevedra" sí reconocieron como ciertos los hechos que recoge en su escrito de acusación la fiscal. Se trata de Benito Lemos Pérez, quien aceptó un año de prisión; Shirley F. A. T., quien asumió una pena de 4 meses y medio de cárcel y Santiago Figueras Pazos, quien también pactó con la Fiscalía una condena de 9 meses de cárcel.
Según este escrito de acusación de la Fiscalía, Lucas Rodríguez Pazos "simultaneaba su actividad profesional como Policía Nacional con su dedicación a distribuir cocaína a pequeña escala entre los regentes de los clubes de alterne de Pontevedra y entre las prostitutas que en ellas trabajan". Asegura la acusación pública que "viéndose en la necesidad de buscar nuevos proveedores fuera de la provincia", encargó " a Benito Lemos que le consiguiera 10 kilos de hachís (se lo comunicó pidiéndole "10 cajas de vino para arañar algo" que Lucas supuestamente "pensaba cambiar por la cocaína que necesitaba y que obtendría por la vía del trueque de Santiago Figueiras. Así, Benito Lemos y Lucas Rodríguez se vieron en la gasolinera de Placeres el 20 de abril de 2007 y después tendrían previsto reunirse con Santiago Figueiras para proceder al intercambio de la droga. Finalmente, los agentes hallaron en posesión de Benito Lemos 8 kilos de hachís cuando esa noche fueron detenidos los cuatro.
La Fiscalía añade el Policía Nacional que en 2007 acumulaba 31 años de servicio "difundió en reiteradas ocasiones" información sobre inspecciones y redadas al ver salir a sus compañeros de la Comisaría, y cree que incluso hizo gestiones para intentar sacar de problemas a chicas de los clubes que estaban ilegamente en España y eran descubiertas.
