El "impacto paisajístico" de la posible ampliación de instalaciones en la planta de Ence en Lourizán, "la falta de datos reales" sobre el consumo y captación de agua y su vertido posterior, y la "obligación" de la fábrica de someterse al Plan de Ordenación do Litoral (POL) y las Directrices de Ordenación do Territorio (DOT). Son tres de las razones que esgrime el Concello para formular sus alegaciones contra la modificación del proyecto sectorial de incidencia supramunicipal (PSIS) que tramita la Xunta a instancias de la empresa con el fin de ejecutar obras no amparadas en ese documento, entre ellas un secadero de cortezas o una planta de biomasa.

La concejala Carmen da Silva explicó ayer en la comisión de Urbanismo los tres informes técnicos con los que se solicita la paralización de este proceso de modificación administrativa, así como la anulación de todo el PSIS, que la Xunta aprobó en 2003. La edil sostiene que los "bocetos" aportados por la empresa "no muestran el impacto paisajístico real de las nuevas instalaciones". Así, asegura que "el secadero de cortezas tendrá 20 metros de altura y la planta de cogeneración llegaría a los 50, con una nueva chimenea de 70". Con una recreación infográfica, señaló que sería como levantar un edificio similar al de mayor tamaño de los que conforman el complejo.

También se echa en falta un "estudio del caudal" de agua que se extrae del Lérez y una "estimación de consumos futuros". Según sus datos, la concesión actual es de 1.500 litros por segundo, "el doble del consumo de todos los municipios de la ría en momentos punta".

También se indica que aunque el PSIS se aprobó en diciembre de 2003, "su entrada en vigor real no fue hasta 2012, cuando sus determinaciones se publicaron en el Diario Oficial de Galicia por orden del Tribunal Supremo, y para entonces ya estaban vigentes el POL y las DOT, aprobados en 2011.