Doce años después de las primeras detenciones, finalmente está previsto que a partir de este martes comience el juicio contra 14 personas acusadas de formar parte hasta seis grupos distintos acusados de la venta de estupefacientes a pequeña escala en distintos lugares de la provincia.
Entre los acusados figura quien en 2007 era Policía Nacional destinado en la Comisaría de Pontevedra, Lucas R. P., a quien la Fiscalía no solo acusa de trapichear con droga sino que también le imputa un delito contra la administración pública por la revelación de información reservada. Y es que según el escrito de acusación del fiscal, este agente alertaba a los clubes de alterne de la zona, concretamente se habla de dos establecimientos de Poio, de las redadas que iban a realizar sus compañeros del servicio de extranjería.
Los acusados se enfrentan a penas que van desde un año a los cinco años y medio de prisión. Y es que el Ministerio Público ya reconoce en su escrito que la causa permaneció paralizada "durante largos periodos de tiempo" entre 2011 y 2014 por causas "imputables solo a la administración de Justicia", de ahí que tenga en cuenta la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas para todos los acusados, lo que supone una rebaja en la petición de condena.
Tres años y medio
En el caso del agente pontevedrés, la Fiscalía solicita una pena de tres años y medio de prisión por el delito de tráfico de drogas y 14 meses de multa a razón de 12 euros al día e inhabilitación como Policía Nacional por espacio de un año y medio.
El escrito de la Fiscalía señala que Lucas R. P. contaba en 2007 con 31 años de servicio en la Policía Nacional. Asegura que "simultáneaba su actividad profesional" con su "dedicación a distribuir cocaína a pequeña escala entre los regentes de los clubes de alterne de Pontevedra y entre las prostitutas que en ellos trabajaban". Asegura el Ministerio Público que en un momento dado se vio obligado a buscar nuevos proveedores de la sustancia fuera de la provincia y para ello encargó a un malagueño que le consiguiera 10 kilos de hachís "que pensaba cambiar por la cocaína que necesitaba y que obtendría por la vía del trueque" de otro de los acusados, S. F.C., señala el escrito.
Así el 19 de abril los agentes del EDOA de la Guardia Civil detuvieron al policía nacional, a la persona que traía finalmente ocho kilos de hachís desde Málaga tras encontrarse en la gasolinera de Placeres; y en otro punto al supuesto suministrador de la cocaína.
Los "pinchazos" del teléfono móvil del agente permitieron comprobar como alertaba a sus "amigos", dueños de clubes de alterne de la zona de las redadas de extranjería, al verlos salir desde su puesto en la oficina de denuncias. Así, los días 7, 8 y 9 de marzo de 2007, por ejemplo, asegura el fiscal que llamó al gerente de uno de los clubes para advertirle de que "controle, que sus amigos ya salieron" y estaban en otro club. También alertó deuna redada que se pensaba efectuar en el entonces conocido como club "Cachas Locas", llamando al gerente y advirtiéndole de que ya estaban en otro club cercano de Poio, de forma que "las prostitutas extranjeras que allí trabajaban" pudieran eludir los controles de Extranjería. De hecho, el regente del club al que sí fueron le recriminaron tiempo después de que no les hubiera avisado a tiempo y le pidieron que hiciese algo por una chica que se encontraba de forma irregular y que se le llevaron, a lo que él respondió que más tarde que ya estaba "todo listo".
El fiscal también pide cuatro años de prisión para un empleado de estos locales de alterne que supuestamente trapicheaba con cocaína y que integraría el denominado segundo grupo de Pontevedra.
