Un camino de 250 metros dentro de una finca de algo más de 10.000 metros cuadrados está causando un verdadero quebradero de cabeza a la familia Romay Graña. Hace algunos años, el Concello asfaltó y proveyó de servicios este sendero para que ejerciese como acceso a una urbanización de nueva construcción en la zona de Campelo, en un solar anexo al del Pazo de Romay. El gobierno local incluso lo bautizó como "Travesía de Castelo". Sin embargo, a sabiendas o no, se apropiaron para el uso público de un espacio que se enclava dentro de una propiedad privada.
Esa decisión del ejecutivo generó un conflicto con sus propietarios, la familia Romay. Entre los dueños se encontraba el abogado Fernando Romay (fallecido en noviembre de 2016), que gestionaba la cuestión, y Miguel Romay, encargado ahora de pelear por sus derechos.
A lo largo de estos años, tanto el Juzgado número 1 de Primera Instancia de Pontevedra (2014), como la Audiencia Provincial (2015) dictaminaron que la porción de terreno pertenecía a la comunidad de propietarios Romay Graña y, al mismo tiempo, le imponían al Concello los costes procesales.
Sin embargo, eso no fue óbice para que el gobierno local se mantuviese en su postura de confirmar como público el acceso y así, evitar el problema que supondría cortar el acceso a las tres viviendas de la urbanización. Por ello, una vez conoció el dictamen, el ejecutivo puso en marcha un proceso de expropiación alegando que el bien es "de interés público".
Una "canallada"
Sin embargo, la familia Romay Graña se opone a esta expropiación, ya que entiende que "no hay ningún tipo de interés público". "Es una canallada que hacen para tapar un caso de prevaricación. En su momento, dieron una licencia de obra en un camino privado", explica Miguel Romay desde Benidorm, donde pasa unos días alejado de Madrid, su lugar de residencia durante el año.
Romay señala que tanto su hermano, tiempo atrás, como él, en estos últimos dos años, han intentado hablar con el Concello de Poio en persona y a través de escritos. El alcalde les atendió personalmente, aunque sin acceder a negociar, pues entendía que la prioridad del Ayuntamiento pasaba por mantener el acceso a las viviendas de las tres familias residentes.
"Luciano Sobral trabajó como transportista y él sabía perfectamente que ese camino es privado. Fue un sendero que, en sus tiempos, habilitó mi padre para dar servicio a las cuadras. Y él lo recorrió alguna vez con el camión, como nos reconoció", señala Romay. Al margen de las sentencias judiciales, la realidad también da un argumento de peso al propietario, pues en el desvío de la carretera hay un poste con los vestigios de las visagras de una antigua verja que cerraba el paso al personal no autorizado.
Precisamente cerrar el paso es lo que ha intentado a lo largo de estos años la familia Romay Graña. Para ello, han puesto carteles (arrancados) y ha pintado en el asfalto. Pero ha sido más una medida reivindicativa que otra cosa porque el Concello, aprovechando la ausencia de residentes en el pazo, ha eliminado estas indicaciones.
Amenazas
De hecho, el pasado 13 de septiembre, un trabajador contratado por los Romay fue "amenazado" por dos agentes municipales para que dejase de realizar trabajos de pintado en la travesía. "Es una coacción y un abuso de autoridad", lamenta el propietario, que lo denunció escasos días después en un escrito remitido al Concello, al que solicitaba que identificase a las personas que ordenaron a los policias "entrar en la propiedad privada sin resolución administrativa".
En ese documento también instaba al gobierno local a retirar el asfaltado y el cableado instalado. Ante la falta de contestación, la familia volvió a remitir un nuevo escrito en marzo del 2018 que tampoco obtuvo respuesta.
Ahora que el Concello se ha ratificado en su voluntad de expropiar, Miguel Romay anuncia que no se quedará quieto. Ningún importe recibido le parecerá "suficiente" porque "la dignidad no tiene precio". "No estoy dispuesto a que nos tomen el pelo. Nos han tratado con prepotencia y chulería. Así que nos querellaremos contra ellos por prevaricación y por malversación de fondos. Han empleado el dinero de los vecinos, incluido el nuestro, en pagar costes judiciales y en urbanizar y mantener un camino privado a sabiendas", recalca Miguel.
La familia se siente "engañada", pues "Fernando le tenía cariño a Sobral y se fió de él". "Abusaron de que no estábamos allí y ahora han aprovechado la muerte de mi hermano para acelerar el proceso", denuncia el propietario, que esperará pacientemente el momento para actuar mientras llega el juicio contra uno de los vecinos, al que tratará de prohibir el paso por una travesía que, según la justicia, no es tal.
