Juan Carlos Aladro: "Detectamos un repunte de los delitos urbanísticos tras un aumento de las denuncias de la APLU "

-Uno de sus empeños en anteriores mandatos ha sido avanzar en la informatización de la Fiscalía y el papel cero, ¿cómo está ese objetivo?

-Estamos muy avanzados y espero que pronto demos el paso definitivo. Estamos tan avanzados hasta el punto de que mientras esta entrevista se desarrolla tengo en el despacho de al lado a todos mis funcionarios y gran parte de los fiscales reunidos desarrollando planes de implantación de estas nuevas tecnologías.

-¿Y encuentra concordancia entre los avances que logra la Fiscalía en este ámbito y los que se producen en los juzgados con los que trabajan?

-Tratamos de que así sea. Estamos permanentemente en contacto con ellos, con los letrados de la administración de Justicia y confiamos en que ellos a su vez también asuman este reto, porque no puede ser de otra manera. En esta tarea contamos con la colaboración inestimable de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

-Habla usted de abrir la Fiscalía a la ciudadanía, ¿qué cauces va a seguir para conseguirlo?

-Pues los mismos que tenemos a nuestro alcance. Los ciudadanos saben que pueden presentar denuncias a través nuestra y también saben que la Fiscalía tiene una gran asistencia en materia civil, discapacidad, consumo..., tenemos presentadas demandas de todo tipo en eta materia y esa es una de las fórmulas. Queremos lograr que tengan un mayor conocimiento de su existencia y de cómo funciona, pero sobre todo de las posibilidades que tenemos para solucionar sus problemas o canalizar cualquier tipo de denuncia.

-Una de esas cuestiones en materia de consumo puede ser Rande, ¿qué papel va a jugar la Fiscalía en torno a los problemas que se producen en el puente y la AP-9?

-Nuestra Fiscalía tiene una sección especializada en materia de consumo en la que se analizan todos los derechos de los consumidores y donde se ejercitan numerosas acciones de carácter colectivo. Esta Fiscalía ya ha interpuesto numerosas acciones de carácter colectivo cuando un grupo de personas siente que se han vulnerado sus derechos como consecuencia de la actuación ya sea de una empresa, de una concesionaria o de una entidad de cualquier otra naturaleza. En este caso se actúa porque se ha tenido conocimiento de un hecho que afecta a los derechos de los consumidores, a la seguridad, al tráfico, al hecho de pagar en la autopista por un servicio que al parecer no se presta. Y por esto la sección especializada en consumo que tiene la Fiscalía Provincial ha tomado la consideración de la posibilidad de interponer una acción civil, se llaman acciones de cesación en materia de consumo, que trata en primer lugar de impedir que continúe con esta acción y actitud de la autopista, manteniendo los cobros a pesar de que no rinde el servicio para el que está previsto y por esa razón se ha iniciado este procedimiento.

-Quienes se sientan afectados, ¿cómo pueden sumarse a esta iniciativa de la Fiscalía?

-Una vez que interpongamos la acción de cesación, también consideraremos la posibilidad de incorporar a esa acción de cesación una acción de resarcimiento. Todas aquellas personas que puedan acreditar que durante el tiempo que ha durado esta situación hubiesen devengado costes o gastos como consecuencia del tránsito por ese espacio territorial del puente de Rande podrían obtener un reintegro.

-Hablemos de la evolución de la criminalidad en la provincia, ¿hay alguna figura delictiva qué les preocupe especialmente?

-Estamos dentro de unos niveles bastante razonables en toda la provincia. Es cierto que han aumentado determinados delitos como los de blanqueo de capitales que quizá sean los más acuciantes. Es cierto también que tenemos un repunte de los delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente como consecuencia fundamentalmente de los delitos urbanísticos, pero no tenemos incrementos que sean especialmente significativos en ningún apartado.

-La Fiscalía Provincial denunciaba en anteriores memorias cierta relajación de la APLU a la hora de remitirles los expedientes que podrían ser causa de delito, algo que se corregía en los últimos ejercicios, ¿es esta una de las principales causas de este aumento de los delitos urbanísticos?

-En efecto, entre otras cosas sí. La Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) en estos momentos está denunciando muchísimo más y de hecho estamos presentando querellas de forma constante y es una de las causas del repunte en esta materia. Desde hace un tiempo a esta parte la APLU está remitiendo cada vez con mayor precisión el contenido de sus inspecciones en aquellas infracciones que rebasan las posibilidades del ilícito administrativo y pueden ser consideradas penalmente sancionables.

-En materia de narcotráfico, ¿preocupa el aumento de los decomisos de una droga como es la heroína?

-Naturalmente. El narcotráfico en esta provincia es un "mantra". Es una cuestión en la que el trabajo es constante, en primer lugar porque tanto aquellos que se incorporando nuevo a esta acción como las viejas familias mantienen un ámbito de relaciones muy extenso que en estas circunstancias han producido un rebrotamiento de esta problemática. Dicho esto, y a pesar de que las aprehensiones están ahí, lo cierto es que los números no suben. Esto es un hecho que se puede comprobar año tras año en nuestras memorias. A pesar de ello la Fiscalía mantiene una actitud vigilante clara y prueba de ello es que está dotada de cinco fiscales que se dedican a la persecución del narcotráfico, uno de ellos de manera casi exclusiva. El hecho de destinar tantos efectivos obedece a que es una actividad que en la provincia tiene su relevancia pero los números no han subido. Y esto se debe fundamentalmente a dos cosas: A que cada día hay mejores medios de detección de estas operaciones y más colaboración; y en segundo lugar a la incuestionable calidad de los equipos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están permanentemente vigilantes en esta materia y que están ejerciendo una presión extraordinaria.

-Hablemos de seguridad vial, ¿es la elevada reincidencia una preocupación en este tipo de delitos?

-La reincidencia, o mejor dicho la multirreincidencia, es sin duda alguna la principal problemática. Ya lo dice el fiscal de seguridad vial en sus memorias. Nos consta que hay un grupo determinado de personas que son reincidentes y que permanecen con insistencia en el ilícito penal. Yo creo que parte de este problema se puede resolver en el ámbito de la educación en materia de seguridad vial, pero otras muchas no. Hay un espectro de conductores que permanentemente van a perpetrar este tipo de ilícitos y su responsabilidad aumenta a medida que van cometiendo estas infracciones. Pasan de la conducción bajo las bebidas alcohólicas a la conducción sin permiso, por ejemplo, y así una y otra vez. Es un delito que se retroalimenta, se cometen varios delitos a la vez y llevan a otros de quebrantamiento o a pequeños ilícitos de atentado o desobediencia, de tal forma que cada infracción a su vez va a generar otras dos o tres. Esto nos obliga a tener una función especializada en la materia con dos fiscales en la provincia pero, aunque es un delito único con un bien jurídico a proteger determinado, se vuelve pluriofensivo y conlleva que toda la plantilla se vea obligada a trabajar en la materia.

-La explosión de un almacén clandestino de material pirotécnico en Tui ha generado una gran alarma en la población, además de los destrozos ocasionados, ¿cómo está la investigación?

-Estamos muy encima de ese tema. Los fiscales de ese partido judicial están desde el primer momento con el asunto, incluso antes de que se apagasen los incendios adyacentes provocados por la explosión y he sido informado puntualmente de cada avance, pero ahora mismo estamos en una momento muy incipiente de la investigación para decir absolutamente nada. En su momento se podrá hablar.

-Se viven tiempos revueltos en la administración de Justicia, incluso con una reciente jornada de huelga inédita de fiscales y jueces, ¿qué opinión le merece esta situación?

-Estoy plenamente de acuerdo con las reivindicaciones que hacen fiscales y jueces. Estoy apuntado a esa batalla sin perjuicio de que yo considero que la función institucional de jueces y fiscales no nos permite llegar, entiendo yo, a los parámetros de la huelga. Pero en cuanto a las reivindicaciones y a la falta absoluta de audiencia del Ministerio estoy de acuerdo. A mí me parece que es algo esencial el reforzamiento de la independencia de estos órganos, la mejor dotación de los mismos en todos los ámbitos. Necesitamos que esto cambie y necesitamos ser vistos de alguna manera para el ministro y que la dotación presupuestaria sea una dotación digna, porque la Justicia es la hermana pobre del sistema. Y esto hace que el voluntarismo de sus actores esté en estos momentos generando unas sobrecargas de trabajo absolutamente inasumibles. Y eso no puede permanecer así en el tiempo y no puede ser razonable. Piense usted en las ratios de cualquier territorio de la UE y compárelas con las nuestras. Esta no es un batalla inconsciente en la que se estén pidiendo cosas que son absurdas, ni siquiera la parte económica de la batalla, dado que se está hablando únicamente de la recuperación del poder adquisitivo perdido. En ningún aspecto hay una petición que se pudiera considerar "alocada". ¿Qué sucede?, que como expertos en derecho que somos deberíamos emprender acciones legales contra todo aquello que esté perturbando el sistema, pero al final se ha recurrido a este método porque se entiende que las otras fórmulas además de ser más largas igual tampoco eran tan operativas.