El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia ha dictado una suspensión cautelar de la reciente adjudicación, por parte del Concello, del concurso para la contratación del servicio de actualización de las bases catastrales. Esta decisión, que podría prolongarse hasta dos meses hasta que se resuelva, obedece al recurso administrativo formulada por una empresa que optó al concurso pero que quedó fuera por una supuesta baja temeraria. Según admiten fuentes municipales, esta suspensión cautelar impide que el Concello pueda reflejar en el padrón catastral de Hacienda las nuevas altas que se produzcan en la ciudad.
La empresa elegida inicialmente es Laya Gestión y Servicios y la que recurre es Eibisa Norte. Laya ya realizó esta labor entre 2012 y 2017, cuando se centró en una inspección del padrón del Catastro con el fin de localizar inmuebles que no están datos de alta o en situación irregular. Ahora ya se trata solo de dar altas.
En todo caso, el gobierno local aclara que esta actuación municipal no tiene relación con regularización catastral emprendida en 2013 por el Ministerio de Hacienda en toda España y que ya está en marcha desde hace meses en Pontevedra con el fin de localizar inmuebles hasta ahora ocultas al fisco, así como las edificaciones de uso agrícola que hasta el momento estaban exentas de figurar en estos padrones impositivos. Los contribuyentes objeto de cambios deberán pagar al Catastro 60 euros por caso, mientras el Concello no aplica tasa alguna.
