La Consellería de Medio Ambiente adjudicó en mayo de 2016, hace justo dos años, el diseño definitivo del plan de saneamiento local de la ría de Pontevedra, la "hoja de ruta" para mejorar la situación de las aguas del litoral pontevedrés. Cumplidos 24 meses desde aquella adjudicación, que tenía un plazo de ejecución de 18, Augas de Galicia ya tiene decidido que la depuradora de Placeres tendrá que duplicar su capacidad y tamaño, para lo que necesitará al menos otros 12.000 metros cuadrados que se sumen a los 13.750 actuales cuya concesión está a punto de otorgar Costas.
Así lo apuntó ayer el director de Augas de Galicia, Roberto Martínez, en la primera reunión de seguimiento de las obras que se celebra en el último año con las cofradías y los municipios implicados, entre ellos Pontevedra, Poio, Marín y Sanxenxo. Martínez también expuso los avances para diseñar el segundo emisario submarino previsto en la ría, de 3,6 kilómetros, pero dejó varias incógnitas sobre la mesa, tal y como subrayaron los asistentes a la cita de ayer.
De entrada, la Xunta tiene fijado el punto de vertido de ese emisario, pero no lo desveló en la comisión de ayer. Además, tampoco aclaró hacia donde se ampliará la depuradora, si bien los vecinos de Lourizán temen que sea en la parcela del antiguo campo de fútbol de Placeres, derribado por Ence en enero de 2016.
Roberto Martínez explicó que de las siete fases de las que consta el plan global adjudicado hace dos años, "cuatro ya están finalizadas" y de las tres restantes, "dos están en fase de elaboración". Se trata de determinar las actuaciones, "que saldrán de la información recopilada en el último año y medio, y después establecer su prioridad". La última etapa será establecer el modelo de gestión de todo el sistema.
Durante los últimos meses, las gestiones de Augas de Galicia se centraron en legalizar la situación de la depuradora de Placeres, levantada sobre 13.750 metros cuadrados marítimo-terrestres sin autorización de Costas, ya que ésta fue anulada en 2015 cuando se revisó la concesión de Ence. A punto de resolverse ese apartado, tras meses de espera, se diseñará "su mejora y ampliación en dos fases: la primera es mejorar lo que actualmente existe". Según el director de Augas, "ya está en marcha un anteproyecto para esa actuación, que esperemos que esté adjudicado en breve; con un plazo de ejecución de dos meses, con toda seguridad se podrá licitar en la última parte del año una actuación que va a suponer un avance importante en las condiciones de vertido".
En terrenos colindantes
La segunda etapa prevista para esta planta, señalada como "definitiva", es su ampliación. "A la vista de los datos ya obtenidos, habrá que duplicar su capacidad para tratar las aguas residuales de toda esta aglomeración urbana", explicó ayer Martínez, quien añadió que "esto supone la necesidad de ampliar la superficie, aún por determinar cuánto y dónde", unos datos que se conocerán a medida que avancen los estudios al respecto. Esos análisis también definirán "qué tecnología es la más idónea".
La concesión de terrenos negociada con Costas y que estará resuelta "este mismo mes", se limita a los 13.750 metros cuadrados actuales que ocupa la planta. Su ampliación se realizará "inevitablemente" en terrenos marítimo-terrestres colindantes con la instalación. Aunque todo apunta a que será en el viejo campo de Placeres, Martínez insistió en que "este año se sabrá y será entonces cuando se solicitará a costas la ampliación de la concesión".
Tampoco se apuntó ayer qué presupuesto tendrán estas dos fases de mejora de la depuradora de Placeres. En su día la Xunta cerró un pacto con Ence para que la empresa aporte 15 millones de euros, pero se calcula que el coste final será muy superior. Sí está claro, según los asistentes a la reunión de ayer, que la totalidad de obras y actuaciones debe estar terminada en 2022, para cumplir las exigencias europeas.
Sentencia europea
En marzo de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratificaba el incumplimiento reiterado del tratamiento de aguas residuales en la ría de Pontevedra. La sentencia partió de una denuncia de la Comisión Europea al Estado en noviembre de 2014 en el que se señalaba el "indudable riesgo para la salud pública" originada por los incumplimientos de algunas obligaciones en virtud de la directiva de 1991 sobre el tratamiento adecuado de las aguas residuales en la ría.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que se está quebrantando la garantía a un tratamiento secundario o un proceso equivalente de las aguas que entran en los sistemas de colectores y las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en las aglomeraciones de más de 10.000 equivalentes habitantes en zonas sensibles. También advertía que no se estaban considerando vertidos en zonas de captaciones de zonas sensibles y se incumplen obligaciones respecto a los lodos originados en el tratamiento de las aguas residuales.
Por la contra, el dictamen retiró las denuncias por insuficiente designación de zonas sensibles y respecto a la identificación de estos lugares "menos sensibles" en reconocimiento a la progresiva regularización de las instalaciones de saneamiento y tratamientos, así como vertidos en ciertas aglomeraciones.
En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala que España habría incumplido la obligación de garantizar un tratamiento secundario o un proceso equivalente de las aguas residuales que entran en los sistemas colectores de en la aglomeración "Pontevedra-Marín-Poio-Bueu". En el caso de la ría de Pontevedra también incumple aquella que obliga a realizar un tratamiento más rigurosos antes de su vertido en zonas sensibles cuando se trata de vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas con más de 10.000 habitantes.
