El expresidente de la Diputación de Pontevedra y actual presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán, tendrá finalmente que ir a juicio al desestimar la Audiencia Provincial de Pontevedra el recurso interpuesto por su defensa para frenar la celebración de la vista oral por un presunto delito de cohecho por el cobro de supuestos alquileres con sobreprecios por unos locales comerciales en Navia, en la ciudad de Vigo. En el banquillo le acompañarán su esposa María Teresa Cores Fernández, y el exdiputado provincial del PP, Severino Reguera Varela, cuyos recursos también han sido desestimados por las magistradas de la Sección Cuarta. El juicio será con jurado popular y se espera que no se demore mucho en el tiempo.
El Ministerio Fiscal pide un año de prisión para Rafael Louzán y Severino Reguera por cohecho y de 9 meses para la esposa del expresidente de la Diputación.
Los letrados de las defensas insistían en sus recursos presentados a finales del pasado mes de enero en acusar a la Fiscalía de diseñar una investigación con el único objetivo de sentar en el banquillo a Rafael Louzán. Los abogados defensores argumentaban en que se vulneraron derechos fundamentales de sus clientes con una investigación demasiado general y amplia, además de reiterar que, en todo caso, el delito que se les atribuye habría prescrito, dado que el contrato de alquiler data del año 2008.
No obstante, el fiscal responsable de delitos económicos, Augusto Santaló, se opuso a todas las alegaciones presentadas por las defensas y respaldó la legalidad de la instrucción del caso a raíz de las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía y la Guardia Civil.
Sobre una posible prescripción de los hechos, argumentó la Fiscalía que es imposible hablar de prescripción del delito dado que se les atribuye un ilícito de carácter continuado por el pago de los alquileres, algo que, por cierto, se sigue produciendo en la actualidad.
No solo las defensas recurrieron, la Fiscalía también aprovechó la vistilla de enero con las magistradas y los letrados para pedir a la Audiencia que se ampliaran los hechos objeto de este juicio a las relaciones de Severino Reguera con una constructora en la que tenía intereses una prima del diputado y a la que la Diputación adjudicó varias obras durante la presidencia de Rafael Louzán. Este apartado ya se incluía en la querella inicial del fiscal, pero fue retirado de la causa por la magistrada de instrucción a petición de las defensas.
El fiscal pide una pena de un año de prisión para Rafael Louzán y Severino Reguera por cohecho y de 9 meses para la esposa el expresidente de la Diputación.
Acusa al matrimonio de cobrar unos "abultados" alquileres de la empresa de Severino Reguera por unos locales adquiridos en el barrio de Navia, en Vigo, sobreprecios que recibirían a cambio de una presunta promoción política del entonces diputado provincial del Partido Popular.
