El BNG cifra en siete millones de euros la cantidad que el Concello de Sanxenxo deberá pagar por una finca de los hermanos Rocafort. Así lo informó ayer David Otero, portavoz local nacionalista, en una rueda de prensa, en la que recalcó que la cantidad inicial de poco más de tres millones a la que se había condenado a la Administración local hace dos años se ha duplicado.

El Concello de Sanxenxo ha perdido el recurso de casación presentado ante el Tribunal Superior por la sentencia anterior del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que le condenó a 3.010.872 euros en concepto de expropiación. A esta cantidad habría que sumar los intereses generados desde el momento en que comenzó la reclamación judicial. En los diez días posteriores a conocerse la sentencia, el Concello presentó el citado recurso.

Ahora, tal y como aclara el BNG, además de la expropiación de los 1.750 metros cuadrados de la finca, la sentencia obliga al Concello a expropiar los viales que actualmente tienen uso público pero que son de titularidad privada, puesto que el gobierno local no fue capaz de demostrarla en su momento.

De este modo, la superficie total a expropiar se incrementa hasta los 2.964 metros cuadrados. Según los cálculos de los concejales nacionalistas, serán más de siete millones de euros si se incluyen también los intereses.

El BNG lamenta que no se hubiese informado de esta sentencia en el gobierno local, ya que, asegura, tiene conocimiento de ella desde el pasado 20 de febrero. En este sentido, los nacionalistas recuerdan que quienes tendrán que pagar serán los vecinos de Sanxenxo.

Para entender lo ocurrido en este expediente hay que remontarse veinte años atrás. Las Normas Subsidiarias, que estuvieron en vigor trece años, recogían el carácter de zona verde de la parcela propiedad de la familia Rocafort, situada en las inmediaciones del Paseo de Silgar, en la calle de As Cunchas, y estipulaban una expropiación como fórmula para que esta superficie pasase a ser de disfrute público.

En el año 2003, la aprobación del PXOM mantiene esa misma calificación urbanística, pero la adscribe al Suelo Urbanizable número 20, situado en Canelas, impidiendo así cualquier posibilidad de negociación.

Los afectados consiguen una sentencia favorable, a partir de la cual, y ya en el año 2011, se dirigen inicialmente al Concello para que proceda a expropiarle la finca y se ven obligados a recurrir.