La preocupación entre los vecinos de Vilaboa por la situación urbanística de muchos inmuebles en esta localidad crece. La Casa da Cultura de Riomaior fue ayer escenario de una asamblea convocada por el colectivo Salvemos Vilaboa a raíz de dos nuevos episodios que han vuelto a poner de manifiesto la situación de angustia que padecen muchos vecinos hasta el punto que alguno de ellos podría quedarse sin vivienda en cuestión de dos meses y otros vuelven a afrontar incluso peticiones de cárcel, así como reiteradas multas.
Los dos episodios más inmediatos que alertan a los vecinos es un nuevo juicio por lo penal contra una mujer acusada por la Fiscalía por un delito urbanístico al tener la vivienda en la que reside con su marido y su hija pequeña en terreno calificado rústico pero que sería legalizable con el PXOM. El juicio será el martes y los vecinos apoyará a esta mujer para quien el Ministerio Público solicita una pena de dos años de prisión e importantes multas. Se trata del segundo juicio en apenas dos meses contra familias que han construido sus viviendas en terrenos que el nuevo PXOM consideraría urbanizables y aunque los vecinos son optimistas respecto a la posible absolución de la familia juzgada en febrero, recuerdan que la APLU les ha comunicado, no obstante, que aún extinguiéndose la responsabilidad por la vía penal (están a la espera del fallo que lo confirme) se reactivará el expediente de resposición de la legalidad por la vía administrativa, por lo que finalmente la amenaza de derribo sobre la vivienda se mantiene.
Una amenaza que es ya una realidad inminente en el caso del portavoz de Salvemos Vilaboa, Enrique López, a quien la APLU también ha puesto fecha de derribo para su vivienda, en este caso afectada por dominio de Costas, una actuación fijada para el mes de mayo.
En la asamblea celebrada ayer, y ante la falta de soluciones por parte de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio y de la propia APLU tras una reciente reunión con la plataforma, los vecinos han decidido intensificar las movilizaciones.
Las más inmediatas serán esta misma semana coincidiendo con el juicio a esta familia de Vilaboa que tiene que sentarse en el banquillo de los acusados en los juzgados de A Parda. Los vecinos acudirán a arropar a los afectados como ya hicieron en anteriores ocasiones.
Por otra parte, continuarán movilizándose y planean ya posibles manifestaciones en Santiago, para llegar con sus protestas hasta la APLU o no descartan incluso ante Presidencia de la Xunta.
También están dispuestos a movilizarse con el objetivo de evitar el inminente derribo de esta vivienda del portavoz de la plataforma fijada para finales de mayo.
Las movilizaciones no solo son muestras de solidaridad ante estos dos afectados cuyos casos son más inminentes y urgentes. El temor a que en el futuro pueda ser cualquier otro vecino el amenazado por la piqueta es real dado que en la reunión con la APLU confirmaron que hay un total de 40 expedientes de reposición de la legalidad urbanística abiertos por la Agencia en el Concello de Vilaboa.
Enel ya mencionado encuentro en el que los representantes vecinales y los grupos políticos municipales se vieron con la APLU y con personal de la Consellería,desde la Axencia se les indicó que de entre estos cuarenta expedientes la mayoría corresponden a "segundas viviendas y naves" empresariales. Los afectados rechazan esto. Enrique López explicaba ayer "que é verdade que pode haber alguna nave afectada, pero as viviendas a maioría son primeiras residencias". Vecinos que en el caso de que se derriben los inmuebles se quedan en la calle sin la casa que levantaron con esfuerzo toda la vida.
Aunque actualmente están activos en Vilaboa tan solo dos expedientes de derribo (el de esta vivienda afectada por Costas y el del club Cirus, según la información trasladada por la APLU al Concello), en la asamblea vecinal había mucha preocupación dado que en cualquier momento se puede reactivar cualquiera de los 40 expedientes abiertos tanto a viviendas afectadas por el deslinde de Costas como por la ausencia de plan urbanístico en núcleos rústicos.
La dimensión del problema podría ser todavía mayor. Y es que los afectados han hecho un estudio sobre los planos de la línea de Costas y calculan que en Vilaboa hay unas 400 inmuebles en suelo afectado por el dominio marítimo-terrestre, de las que unas 200 podrían estar en peligro al haberse construido desùes del año 1988. El resto, también deberían demostrar haber sido construidas antes.
Diez mil euros al año
Además, aunque no hay órdenes de derribo, son muchos los vecinos que siguen abonando las multas coercitivas de la APLU. Algunas se pasan trimestralmente y otras no, de forma anual, pero se conoció el caso, por ejemplo que tiene que pagar unos diez mil euros cada ejercicio.
