La Jefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra ha movido ficha a raíz de la aparición de una serie de sentencias de los juzgados de lo Contencioso de la ciudad en las que se anulaban sanciones a conductores que daban positivo en los controles de detección de drogas. El principal apartado que cuestionaban estas decisiones judiciales era el referido al cumplimiento de la cadena de custodia de la prueba realizada, desde que se tomaba la muestra al conductor en carretera hasta en donde arroja un primer positivo indiciario, hasta que el resultado se confirma a través del correspondiente contraanálisis en un laboratorio.

Conocedores del contenido de estas sentencias judiciales, la Jefatura Provincial ha tomado medidas para evitar nuevos casos parecidos de anulación de sanciones, al menos en lo que respecta a esta debilidad que se mostraba con la cadena de custodia, tal y como confirmó ayer mismo la jefa provincial, Isabel Alonso de Linaje. Hasta ahora, los expedientes incluían tan solo una comunicación por parte del laboratorio que realiza los análisis en Pontevedra (y con el que tiene firmado un convenio la DGT) de que la cadena de custodia se había mantenido por parte de los funcinarios de Tráfico hasta la recepción de la prueba en el laboratorio. Ahora, y a raíz de estas últimas sentencias, Tráfico está incluyendo en el propio expediente toda la documentación y firmas referidas a la cadena de custodia y que vendrían a probar de manera fiable ante un juez que ésta se habría respetado en todo momento.

La jefa provincial confía en que, al menos en lo que respecta a esta cuestión, la medida adoptada por Tráfico impida la anulación de nuevas multas.

Cabe recordar que en los últimos meses trascendió la anulación de, al menos, cuatro multas de tráfico por parte de distintos juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra a conductores que habían dado positivo por el consumo de drogas cuando estaban al volante.

En uno de los casos, por ejemplo, el juzgado ponía en cuestión que la cadena de custodia se intentase justificar con una confirmación por parte de un laboratorio que no es un ente público, sino que se trata de una entidad privada que tiene suscrito un convenio con la DGT. En este proceso, el laboratorio daba fe del cumplimiento de esta cadena de custodia, pero el juzgado sostuvo que "es lo cierto que tal manifestación, efectuada por un ente privado, no reúne presunción de veracidad, y, al ser puesta en entredicho por el interesado, se requeriría una actividad probatoria por parte de la administración para acreditar el cumplimiento de la cadena de custodia".

Es por ello que a partir de ahora la Jefatura Provincial incluirá en el expediente no esta mera confirmación por parte del laboratorio,sino toda la documentación que acredite efectivamente el mantenimiento de la cadena de custodia de las pruebas por parte de los funcionarios hasta su entrega al laboratorio que efectuará las pruebas, tal y como confirmó ayer Isabel Alonso de Linaje.

La anulación de estas multas habían generado cierta preocupación entre los responsables de Tráfico dado que la lucha contra la conducción alcohólica o bajo los efectos de las drogas son una de sus prioridades.