Los jueces y fiscales de Pontevedra se unen para reclamar "por dignidad" medidas que les permitan "recuperar" sus derechos laborales, la independencia u obtener "más recursos" para desempeñar su trabajo. Así lo demostraron en la primera de las movilizaciones que se han organizado a nivel nacional y que, en el caso de Pontevedra, sirvió para reunir a cerca de 40 funcionarios de ambas carrera en este acto definido como "puesta en escena".
Esta reunión, celebrada en una de las salas del Palacio de Justicia, sirvió para que un "nutrido grupo" (como así lo definieron los presentes) de trabajadores de la carrera judicial adquiriese conciencia acerca de las reivindicaciones que siete asociaciones a nivel nacional están llevando a cabo desde hace varios meses y que ahora se han concretado en un texto con 14 medidas.
Estos puntos se agrupan en varios apartados en los que se pide "reforzar la independencia judicial", "modernizar la Administración de Justicia", "mejorar las condiciones profesionales" y establecer varias modificaciones en relación al Ministerio Fiscal.
Todos estos contenedores de ideas se concretan en cuestiones como generar más objetividad en el sistema de nombramiento de altos cargos judiciales, incrementar las plantas convocando al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años, convocar la Mesa de Retribuciones para recuperar el nivel salarial perdido en 2010 o derogar el sistema de plazos máximos de instrucción mientras no haya los medios necesarios al efecto.
Este primer acto en Pontevedra fue conducido por el presidente de la Audiencia, Menéndez Estébanez; el fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, y el magistrado presidente de la Asociación Profesional de Magistratura, Manuel Almenar.
Estos tres funcionarios judiciales explicaron que desde el pasado verano han existido "varias reuniones de trabajo" de las que salió una proposición de ley sobre esta cuestión a la que los grupos políticos han ido añadiendo "enmiendas". "En total han sido 97. Algunas de ellas son inconstitucionales. Por tanto, lo que se utilizó para avanzar, ahora se emplea para frenar", destacaron. "Queremos podar las admisibles, que son unas 20 y empujarlas para lograr una aprobación para que salgan en el BOE en mayo o junio", añadió Almenar.
El objetivo con el que se inician estas reivindicaciones, que acabarían en mayo con una "propuesta de huelga", es "para poner en evidencia al Ministerio y al Gobierno en relación a la carrera judicial". "La mayor parte del sector está detrás. No pedimos nada extraordinario ni que se haga de hoy para mañana. Simplemente queremos que se cumpla la ley", expresaron los magistrados, que recalcaron que simplemente buscan alcanzar estas peticiones "por dignidad". "Todo el mundo habla de la justicia, pero nadie se preocupa por ella", afirmó Aladro.
Continúa la huelga
Por otro lado, mientras los jueces y fiscales se reunían en una de las salas de la Audiencia Provincial de Pontevedra, tanto en el interior del edificio como en el exterior del mismo, decenas de funcionarios de proseguían, un día más, con la huelga indefinida de justicia, que mañana cumplirá dos meses de vigencia.
Las últimas novedades datan del pasado lunes, cuando el Comité de Huelga decidió no someter a votación la propuesta de la Xunta para una subida salarial que, parece, no colma las exigencias de los trabajadores.
Precisamente estos funcionarios se mantienen en su postura pese a haber recibido, días atrás, su segunda nómina tras el inicio de la huelga, con importantes pérdidas de dinero por el prolongado parón.
