Un acuerdo de conformidad con la Fiscalía ha resuelto este jueves en la Audiencia Provincial de Pontevedra que los ex responsables de la Cámara de Comercio de Pontevedra y otro implicado en delitos de prevaricación, fraude o falsedad en documento mercantil en la organización de diferentes eventos, asuman penas que van de la inhabilitación para cargo público a casi tres años de prisión.
Así, según el acuerdo alcanzado, el ex presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Pontevedra, Ricardo Mirón Gutiérrez, ha sido inhabilitado para el ejercicio de cargo público como presidente de Cámara de Comercio o cualquier otra corporación de derecho público por un período de cinco años, como responsable de un delito continuado de prevaricación.
La que fuera secretaria de la Cámara, Rosario Lorenzo Pontevedra, suma dos años y once meses de prisión, además de inhabilitación para cargo público durante ocho años. Por el delito de fraude a la administración pública será condenada a seis meses de prisión, a lo que se suma un año y seis meses por delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, además de otros once meses de prisión por otro delito continuado de falsedad en documento mercantil. Todo ello unido a multas por cada uno de estos delitos que superan los 7.500 euros.
Empresario
Al empresario Manuel Cabada Álvarez, que organizaba los eventos feriales para la Cámara, se le imponen penas que en conjunto suman 14 meses de prisión. Asume ocho meses por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otros seis meses por fraude a la Administración, unido a inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con organismos públicos y para disfrutar de beneficios e incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un período de nueve meses, al margen de multa.
Los hechos de los que se les acusa se refieren a la organización de ferias, en los años 2010 y 2011, como Pomovil y Ferpalia, para las que inflaron las facturas de gastos de forma pactada.
Para llegar a la reducción de penas, el Ministerio Fiscal asume que concurren las atenuantes de dilaciones indebidas (la causa se inició en 2012) y de confensión. "Todos los acusados reconocen ser autores de los hechos expuestos", expone el fiscal.
