Dentro de poco se cumplirán veinte años desde que a mediados de 1999, justo al final de su mandato, el anterior alcalde, Juan Luis Pedrosa, firmaba la compra por parte del Concello de un sótano en el edificio Los Mirabeles de A Parda por 600.000 euros. La intención era abrir un pequeño aparcamiento municipal vinculado a la llegada, entonces del actual edificio judicial, pero el proyecto se desdibujó y desde entonces el gobierno local no ha sido capaz de dar utilidad a ese local. Los intentos de venta y las negociaciones con alguna empresa del sector se han quedado en el tintero. Tampoco se planteó nunca una posible explotación municipal directa.
Ahora, con las obras de la segunda sede de juzgados en marcha se reabre cierto interés privado por ese garaje, sin uso desde el mismo día de su compra hace casi dos décadas. Dos empresas se han dirigido al gobierno local para preguntar por ese sótano, que podría acoger unos 120 coches si se destina a uso privado y alrededor de ochenta si es de rotación.
Entrada compartida
Se trata de un segundo sótano, sin ningún tipo de acondicionamiento, en un edificio de viviendas y el acceso sería por la calle Tomás y Valiente, la misma por la que se entra al actual edificio judicial. El problema es que por un único portón se accede al garaje municipal y a las plazas privadas. Dentro una puerta separa ambas plantas, pero la comunidad de propietarios se muestra reacia a una fórmula compartida.
En todo caso, ese interés de las empresas es recibido con mucha cautela en el Concello. Ya se registraron casos parecidos con otras propiedades municipales y las preguntas de las compañías no pasaron de ahí. Y en el sector de los aparcamientos, el ejemplo más reciente es el de Veteris, con un concurso de gestión que quedó desierto y ahora, tras un procedimiento negociado, solo hay una oferta -de la misma empresa que lo explota hasta ahora- cuyo contenido aún no se conoce.
En todo caso, si el interés viene derivado del nuevo edificio judicial, aún hay tiempo para resolver el asunto puesto que a la obra todavía le queda al menos un año para su conclusión. Juan José Martín, director xeral de Xustiza, explicaba hace unos días en el Parlamento gallego que el inmueble podría ser utilizado "en el primer semestre de 2019", un plazo algo más lejano del manejado inicialmente, que apuntaba a enero del próximo año. Según Martín, a finales de 2018 concluirá la obra física y luego se procederá a la contratación de servicios y demás pasos necesarios para empezar a funcionar.
Con un presupuesto previsto que supera los 17 millones de euros, el nuevo edificio estará comunicado con el actual. La superficie total construida será de 21.000 metros cuadrados y la Xunta confía en que permitirá disponer de espacio suficiente para atender las necesidades que puedan surgir "en los próximos 15 o 20 años".
