No habrá modificaciones en el tipo impositivo del IBI en Poio. En el segundo pleno en pocos meses con protagonismo casi total para esta tasa municipal, BNG, PSOE y la concejala no adscrita, Silvia Díaz, rechazaron la propuesta del PP para rebajar el Impuesto de Bienes e Inmuebles del 0,47 actual al 0,43. El texto incluía también la petición de estudiar posibles bonificaciones a determinados colectivos, algo que sí se hará pese a no aprobar la moción.
El equipo de gobierno, formado por BNG y PSOE, destacó que la regularización catastral supondrá una consolidación del padrón de unos 177.000 euros a mayores del actual, por lo que consideraron que rebajar el tipo impositivo "no sería serio". Además, el portavoz nacionalista, Xulio Barreiro, explicó que la bajada propuesta por el PP supondría que el Concello dejase de ingresar 211.000 euros al año, algo que dificultaría más "ofrecer servicios a los vecinos". "El IBI lleva desde el 2011 en el 0,47 salvo los dos años que Montoro obligó a subirlo. La regularización catastral no es una subida de IBI, sino que se revisan los valores de las propiedades", expresó el alcalde, Luciano Sobral. "En Poio entre 2009 y 2012, los impuestos bajaron un 2% porque rebajamos la plusvalía. En ese mismo período, el Estado y la Xunta los subieron muchísimo", recordó Barreiro.
Mientras, el edil socialista, Gregorio Agís, destacó que no entendía porqué el PP solicitaba una rebaja del IBI pero no de otros impuestos como el IRPF o las Transmisiones Patrimoniales, que dependen del valor catastral pero son cobradas por otras administraciones como Xunta y Gobierno Estatal, gobernadas por los populares.
Asimismo, explicó que las bonificaciones que meses atrás ya había solicitado el PP, que beneficiarían a familias numerosas y edificaciones con energías renovables. "Creemos que no es justo beneficiar en función de los hijos, porque habrá familias numerosas con rentas elevadas que no tengan problema en pagar. Y en cuanto a las renovables, solo se beneficiaría a las nuevas edificaciones, que son las únicas con este tipo de innovaciones. Al resto se las perjudicaría", expresó Agís.
Por su parte, la concejala no adscrita, Silvia Díaz, destacó que no estaba de acuerdo con la rebaja del 0,47 al 0,43 "para todos", porque eso significaría que "se benefician los que más tienen, ya que su rebaja es más elevada". "Lo considero una medida insolidaria", recalcó la concejala, que se abstuvo en la votación final.
Sobre las bonificaciones, Díaz se mostró abierta a "estudiarlas" y reseñó que sería positivo establecer "criterios progresivos según la renta". Asimimo, la edil recordó que en febrero de 2017 se aprobó una emoción en la que ya se establecía que se iban a estudiar rebajas para el IBI. "¿Dónde están esas rebajas?", preguntó. A esta cuestión respondió Sobral, que explicó que el tema estaba "pendiente de estudio" y se incluiría en una ordenanza que se aplicará "vía presupuesto".
Por su parte, el PP defendió que la medida "no es demagógica", porque ellos podían plantarse en el pleno y "solicitar el mínimo de 0,40". "Entendemos que el Concello también tiene que recaudar para prestarle servicios a los vecinos, por eso pedimos una reducción del 0,47 al 0,43", expresó Ángel Moldes.
El portavoz popular recordó que mientras el resto de Concellos "se movió para avisar a los vecinos", el bipartito estuvo "callado". "No hicieron asambleas, nosotros sí", reprochó, a lo que Barreiro le contestó que durante 2014 y 2015 el ORAL convocó a 500 vecinos para que regularizasen su situación.
