El parking Veteris, de concesión municipal bajo la calle Antón Fraguas, no solo es un quebradero de cabeza para el Concello desde hace más de una década, sino que no deja de deparar sorpresas. En noviembre pasado el gobierno local tuvo que declarar desierto el concurso público para otorgar su gestión durante los próximo 68 años porque ninguna empresa, ni siquiera la que ejecutó y explota el parking, presentó oferta alguna. Ahora, tres meses después, tanto la empresa Veteris como otras tres firmas más han solicitado por escrito al Concello ser invitadas al procedimiento negociado con el que se pretende encontrar una adjudicataria para este controvertido recinto.

El concejal de Patrimonio, Vicente Legísima, explicó que el procedimiento negociado, en el que se invitará al menos a estas cuatro empresas ahora interesadas -incluso alguna de ellas visitó el propio párking- se abrirá tan pronto estén listos todos los informes técnicos, si bien aclaró que las condiciones serán básicamente las mismas del concurso que quedó desierto, es decir, una concesión por 68 años y un canon anual de 24.000 euros al año, más los 3,2 millones en los que habría que indemnizar a Veteris (salvo que esta misma firma asuma de nuevo la gestión) por la ejecución de las obras. Llama la atención que no se aceptaran en 2017 esas exigencias en el concurso y ahora pidan ser invitadas a la negociación, procedimiento que admite la ley cuando fracasa la convocatoria pública.

Ese concurso público tenía el objetivo de legalizar finalmente un aparcamiento que recibió la última "puntilla" judicial en 2014. Su fracaso aboca ahora al gobierno local a la vía negociada si no quiere verse obligado a asumir directamente la gestión del parking, una vía que obligaría a paga con las arcas municipales esos 3,2 millones de euros de indemnización.

Aunque el gobierno local se aferra a la negociación, no acaba de fiarse de esta opción y de hecho ya tiene elaborado un plan de pagos de esa millonaria indemnización. Así, en su día ya se temió en su día que el aparcamiento acabara bajo gestión directa municipal y por ello se pactó un pago a plazos de esos 3,2 millones. En concreto, sería a lo largo de siete años a razón de unos 450.000 euros anuales. El primero de esos pagos aparece incluso con reserva económica en el presupuesto de 2018. Y de llegarse a ese extremo, incluso se manejan varias posibilidades. Así, cabría la constitución de una empresa pública o incluso ceder la explotación a alguna entidad sin ánimo de lucro.

En todo caso, el hecho de que hasta cuatro empresas hayan pedido ser invitadas ahora -a la espera de que finalmente formulen una oferta en firme- abre una puerta de esperanza al Concello para mantener abierto un estacionamiento que comenzó a tramitarse hace más de una década y abrió sus puertas en octubre de 2010, con 443 plazas de uso rotatorio y 218 privadas. Precisamente ese uso doble, compartido bajo suelo público fue una de las causas de la sucesión de sentencias contrarias que provocaron que su funcionamiento haya sido en precario y sin amparo legal o urbanístico, totalmente anulado desde 2014. El concurso de concesión y un segundo plan urbanística ya en vigor buscan la plena legalización.