Las magistradas de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra analizan ya los recursos interpuestos por las defensas de Rafael Louzán, su esposa y el exdiputado del PP en la Diputación Severino Reguera como uno de los últimos intentos por frenar la celebración del juicio contra los tres por un presunto delito de cohecho por el cobro de supuestos alquileres con sobreprecios por unos locales comerciales en Navia.
Un juicio ante un tribunal popular que probablemente no se demore muchos meses más en el tiempo si finalmente el tribunal provincial no atiende las alegaciones formuladas por los abogados de los tres procesados.
Para escuchar los argumentos de cada una de las partes, las magistradas de la Sección Cuarta de la Audiencia convocaron ayer a una vista a los tres letrados que defienden a Louzán, a su esposa y a Severino Reguera; así como a la Fiscalía. Una comparecencia que no fue pública pero de la que trascendió que, en ella, los letrados de las defensas insistieron de nuevo en acusar a la Fiscalía de diseñar una investigación con el único objetivo de sentar en el banquillo a Rafael Louzán. Los abogados defensores insistieron en que se vulneraron derechos fundamentales de sus clientes con una investigación demasiado general y amplia, además de reiterar que, en todo caso, el delito que se les atribuye habría prescrito, dado que el contrato de alquiler data del año 2008.
No obstante, el fiscal responsable de delitos económicos, Augusto Santaló, se opuso a todas las alegaciones presentadas por las defensas y respaldó la legalidad tanto de la instrucción del caso de las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía y la Guardia Civil.
Delito continuado
Sobre una posible prescripción de los hechos, señaló que es imposible hablar de prescripción del delito dado que se les atribuye un ilícito de carácter continuado por el pago de los alquileres, algo que, por cierto, se sigue produciendo en la actualidad.
No solo las defensas recurren. La Fiscalía también aprovechó esta vistilla para pedir a la Audiencia que se amplíen los hechos objeto de este juicio a las relaciones de Severino Reguera con una constructora en la que tenía intereses una prima del diputado provincial y a la que la Diputación adjudicó varias obras durante la presidencia de Rafael Louzán. Este apartado ya se incluía en la querella inicial del fiscal, pero fue retirado de la causa por la magistrada de instrucción a petición de las defensas.
El fiscal pide una pena de un año de prisión para Louzán y Reguero por cohecho y de 9 meses para la esposa el expresidente de la Diputación. Acusa al matrimonio de cobrar unos "abultados" alquileres de la empresa de Severino Reguera por unos locales adquiridos en el barrio de Navia, en Vigo, sobreprecios que recibirían a cambio de una presunta promoción política del entonces diputado provincial del Partido Popular.
