Los catorce municipios de la comarca de Pontevedra cerraron el año 2017 como el peor ejercicio de los últimos seis en creación de sociedades mercantiles. Apenas 293 fundaciones de este tipo, menos de 25 al mes, suponen el balance más bajo de los últimos seis años, periodo que analiza el Instituto Galego de Estatística (IGE) con datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Hasta ahora era 2015 el ejercicio con un resultado más reducido, con 299 constituciones, frente a las 345 de 2016 o las 340 de 2014. Esta drástica caída, que se cifra en toda la comarca en un 15%, es especialmente acusada en los municipios de mayor tamaño. De hecho, mientras en muchos de los concellos pequeños se observa un aumento en la creación de sociedades mercantiles, Pontevedra, Sanxenxo y Marín sufren un desplome considerable que arrastra el cómputo global a los niveles más bajos de los últimos años.

Así, en la capital se pasó de 177 casos en 2016 a apenas 142 el ejercicio pasado, lo que supone una caída del 20%. Por su parte, en Marín, el descenso se cifra en un 27%, al bajar de 26 a 19 sociedades establecidas, mientras que en Sanxenxo el recorte es mucho más acusado, de un 38%, con 28 actos fundacionales en 2017 frente a los 45 del año anterior. También hubo bajadas en Cuntis, Cotobade, Ponte Caldelas y Vilaboa.

En cambio, el panorama fue más positivo en otros siete municipios: Moraña, Portas, Barro, Campo Lameiro, A Lama, Caldas y Poio, con especial incidencia en estos dos últimos territorios. En la localidad caldense hubo un crecimiento del 31%, al pasar de 19 a 25 constituciones y en Poio la subida fue del 17%, con 34 creaciones, cinco más que doce meses atrás.

La única nota positiva en Pontevedra es que dos de las 142 sociedades constituidas son anónimas, un fenómeno prácticamente olvidado desde hace años. De hecho, en 2016 no hubo ninguna de este tipo.

Aunque el descenso en la creación de sociedades mercantiles se puede interpretar como una caída en el espíritu emprendedor de los pontevedreses, el hecho de que en su mayor parte se trate de empresas unipersonales y a cargo de autónomos, obligados a esta fórmula por la falta de empleo, podría indicar que estas personas ya no se ven obligadas al recurso de establecerse por su cuenta para encontrar un puesto de trabajo.

Un posible ejemplo de esta lectura se puede encontrar en las afiliaciones a la Seguridad Social, donde 2017 concluyó con más de 68.500 altas, 2.100 más que doce meses atrás. Este aumento es generalizado en todos los municipios salvo Cerdedo-Cotobade y Cuntis, y discurre parejo al descenso del desempleo registrado en el mismo periodo, que pasó de los 15.480 parados anotados en diciembre de 2016 a los menos de 14.000 inscritos en el pasado mes, es decir, una caída de casi 1.600 personas.

Altas en la capital

En el caso de Pontevedra, sus casi 40.500 afiliados suponen casi el 60% de todas las altas de la comarca. El régimen general creció de forma notable, al pasar de 32.011 a casi 33.180, pero caen otros muy vinculados a las sociedades mercantiles, en especial el número de autónomos afiliados, con 5.389 altas, tres menos que a finales de 2016, y también hay un anotado menos en el régimen de Empleados del Hogar, que cerró 2017 con 1.593 inscritos. En total, el Ministerio de Empleo registra en la ciudad 40.456 afiliados, 1.177 más que hace un año.

Otro dato analizado por el IGE en los últimos años (aunque esta vez para el periodo 2008-2016) es el de la tasa de natalidad, mortalidad y crecimiento empresarial. En este caso, Pontevedra registra una tendencia al alza en este periodo en la creación de empresas y una progresión de descenso en su disolución, además de alcanzar una tasa positiva de crecimiento, cuanto entre 2010 y 2014, años en los que se padeció lo peor de la crisis) ese índice fue negativo.

El municipio pontevedrés es uno de los gallegos con más alta renta disponible por habitante, pero al mismo tiempo su Producto Interior Bruto (PIB) es el tercer peor de las siete ciudades gallegas y ocupa el puesto 44 entre todos los municipios gallegos, según un estudio de la Agencia Tributaria entre municipios españoles de más de mil habitantes (alrededor de 3.300) en cuanto a declaraciones de la renta.

El impacto real sobre la economía, que se traduce en el PIB es mucho más pobre, producto de la escasa industria del municipio. El IGE situaba ese Producto Interior Bruto en 1.712 millones de euros, lo que supone un reparto por habitante de 21.253 euros.