La Audiencia Provincial de Pontevedra cerró a primera hora de esta tarde la primera de las jornadas destinadas a esclarecer las filtraciones de datos relevantes y declarados secretos referentes a investigaciones de narcotráfico en marcha que supuestamente se produjeron durante 2013 en el seno del Equipo Contra el Crimen Organizado ECO-Galicia, de la Guardia Civil de Pontevedra.

Una sesión que se prolongó durante horas debido principalmente al intenso y maratoniano interrogatorio al que fue sometido por parte del Ministerio Público el supuesto "topo" que tenía el ECO en sus filas. Se trata del guardia civil Javier L. S., quien hoy sigue en activo a la espera del resultado de este juicio, y quien hoy negó que hubiera facilitado información a los grupos de narcotraficantes que debería investigar. También negó que facilitase una ingente cantidad de información clasificada al otro agente de la Guardia Civil, en este caso de la sección de Patrimonio, a quien el fiscal acusa de tener los contactos con los grupos de narcotraficantes, Diego F. C., que también se sienta en el banquillo de los acusados. Este agente, a su vez, reconoció que Javier L. S. sí le descargó la ingente cantidad de información y ficheros secretos que fueron incautados en su ordenador pero afirma que él nunca la miró, ni tampoco la entregó a los grupos de narcotraficantes.

Ninguno de ellos supo explicar la razón por la que en los registros realizados a raíz de esta investigación se encontraron archivos informáticos con información sensible extraida de los equipos informáticos del ECO en los ordenadores requisados a investigados en asuntos de narcotráfico. Uno de ellos sería el supuesto enlace entre los agentes y los grupos delictivos que recibían la información, Juan Carlos S.N. un vecino de Vilanova que aseguró que no tiene nada que ver con el narcotráfico y quien negó que los agentes le hubieran filtrado documentación y otra información del ECO Galicia.

El juicio se inició con una petición de las defensas de nulidad de las actuaciones, por irregularidades en los registros, aunque la fiscal, Marta Durántez, insistió en que los autos que autorizaban los mismos son "impecables". Los dos guardias civiles se enfrentan a una petición de pena de 11 años cada uno, mientras que para el supuesto enlace la Fiscalía reclama 7 años de cárcel.