En la provincia de Pontevedra, según los propios datos del Gobierno, son un total de 19 los puntos fijos de control de velocidad que tienen instalados cabinas de radar. Son ocho más que en 2015, cuando la cifra era de once.
Esto no quiere decir que siempre estén dotadas con el cinemómetro, dado que estos los mueve la propia DGT en función de las necesidades del servicio y el estudio de la siniestralidad en las diferentes vías.
Según los datos facilitados por el Gobierno al grupo socialista y desglosados por cada radar (en este caso las cifras son de hasta finales de octubre), la Nacional 550 que vertebra la provincia de norte a sur y única alternativa sin peaje a la AP-9 tiene en su trazado los dos radares fijos que más multas imponen.
De hecho, el ubicado en el kilómetro 146 a su paso por Redondela se coló el pasado año entre los 25 que más recaudan en todo territorio nacional con 747.000 euros.
El otro radar fijo ubicado en esta carretera está en Valga, en un tramo de elevada siniestralidad que incluso llevó a la Fiscalía a abrir una investigación. Este cinemómetro del kilómetro 90,6 de la Nacional registró infracciones castigadas con 169.000 euros, muy lejos del anterior.
El tercer radar que más multa es el de la AP-9 en la entrada de Vigo, con 157.000 euros; seguido del que se ubica en la circunvalación sur de Vilagarcía justo después de la conexión con el hospital de O Salnés (kilómetro 235 de la Nacional 640) con 106.000 euros en multas. Por último, se destaca también el radar de la autovía de O Salnés en el kilómetro 16,9 con 83.400 euros y el del kilómetro 282,5 de la A-52 con 39.200 euros.
