Dos causas resueltas y enjuiciadas y dos más pendientes de ser juzgadas. Al menos una de ellas, en la que ya existe incluso escrito de acusación de la Fiscalía, ya que la otra todavía sigue estancada en fase de instrucción. De las cuatro investigaciones abiertas por los juzgados en el seno de la antigua Cámara de Comercio de Pontevedra, la última de ellas, la que analiza si existieron irregularidades contables en el organismo entre los años 2009 y 2011, sigue pendiente de la elaboración de un informe pericial contable que no acaba de finalizar. Además, el juzgado ha tenido que realizar, en varias ocasiones, nuevas peticiones de información al nuevo ente cameral dado que consideraba que la documentación remitida inicialmente no se encontraba completa.

A la espera de que se complete ese informe por parte del perito contable que está analizando las cuentas de la ya extinta entidad (cabe recordar que posteriormente se fusionó con las cámaras de Vigo y Vilagarcía), sí está más cerca de llegar a juicio la que sería la tercera investigación abierta si se tiene en cuenta el orden cronológico.

En esta la Fiscalía ya emitió escrito de acusación el pasado mes de mayo, un escrito cuyo contenido ya adelantó FARO en junio de este año y en el que se solicita una condena de prisión para la exsecretaria de la Cámara, Rosario Lorenzo Pontevedra, de cinco años de cárcel como presunta autora de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y un supuesto delito de continuado de falsedad en documento mercantil, ambos en concurso con otro de fraude a la administración.

En este caso se le acusa de rectificar las facturas con el coste de las ferias de Ferpalia y Pomóvil de los años 2009, 2010 y 2011 para obtener un mayor porcentaje de inversión subvencionada por parte del Concello de la que realmente le correspondía a cada una de las ferias. En este proceso el fiscal también solicita una pena de tres años de prisión para el responsable de la empresa Grupo Norte, adjudicataria de las ferias y a quien acusa de actuar en connivencia con la exsecretaria para "reflejar cantidades más abultadas en el presupuesto presentado por este último con esa finalidad de conseguir un mayor porcentaje de financiación por parte del Concello". También se acusa al expresidente, Ricardo Mirón, de un delito de prevaricación por adjudicar de forma reiterada, sin publicidad ni libre concurrencia, la organización de las ferias a esta misma empresa. En su caso, la pena solicitada por el fiscal es únicamente de 9 años de inhabilitación. La Cámara ya devolvió al Concello 34.000 euros que supuestamente se cobraron de más para la organización de estas ferias.

Otros dos zanjados

Cabe recordar que las otras dos investigaciones ya están resueltas y sentenciadas. La última de ellas ha sido la absolución de la exsecretaria cameral, Rosario Lorenzo, y del expresidente, Antonio Gómez Rivera; del delito contra la administración de Justicia. El juzgado de lo Penal consideró que no quedaba probado, como defendía el fiscal, que el despido de cuatro trabajadores de la Cámara hubiera sido una "represalia" por la denuncia inicial que realizaron de supuestas irregularidades en la entidad.

La primera de las causas abiertas sí acabó en una condena a la exsecretaria cameral y a un proveedor de la Cámara por cohecho. Aceptó una pena de un año de prisión y dos de inhabilitación.