El director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, confirmó ayer que no habrá marcha atrás en el trasvase del río Verdugo en Ponte Caldelas para intentar paliar la situación de emergencia que vive Vigo por la falta de agua a raíz de la situación del embalse de Eiras. Explicó que la actuación está ya acordada y declarada de emergencia, por lo que se podrían contratar ya en esta misma quincena para su ejecución en tres meses.
Mientras tanto, el Concello de Ponte Caldelas insistía ayer en dar la voz de alerta sobre la "exigua documentación" existente sobre los planes de la Xunta para este trasvase. "Apenas cuatro folios y un plano con una única línea indicando el trazado de la tubería propuesta entre el canal de Laforet en A Roca (Ponte Caldelas) y el enganche con la tubería que lleva el agua a Vigo en Aranza (Soutomaior), pasando en el camino por el medio de los pueblos de A Ínsua y Silvoso.
El gobierno local caldelán (formado por el tripartito de PSOE, AVP y BNG) está "indignado" con la "negativa de Augas de Galicia a sentarse a hablar con el Concello en una muestra de descortesía institucional indigna de un gobierno autonómico democrático". Ante esta actitud, el alcalde, Andrés Díaz, remitió ayer una nueva carta al director de Augas de Galicia advirtiéndole de la posibilidad de encontrarse con acciones legales contra la medida.
Turnos de 24 horas de trabajo
El alcalde también critica que se defienda esta obra como de "emergencia", lo que permite su contratación "a dedo y sin licitación", dudando de la legalidad de este procedimiento concreto. La memoria remitida al ayuntamiento es que la previsión es trabajar 24 horas para terminarlo en tres meses, con lo que, en el mejor de los casos estaría finalizado en marzo, o igual en abril o mayo: "Cal é a emerxencia de trasvasar en marzo, abril ou maio, cando xa non fai falta?", se preguntó el alcalde.
El Concello insiste en la precariedad de la memoria remitida, en la que "queda claro que no hay un proyecto técnico ni estudio de impacto ambiental" y que tan solo permite concretar que la Xunta pretender meter una tubería de 500 milímetros durante 6,6 kilómetros con un bombeo inicial y utilizar la carretera PO-244, que tiene "una fuerte presión residencial, lo que conllevaría restricciones de tráfico y molestias a la vecindad. Díaz denuncia que la Xunta pretenda autorizar esta obra por el instrumento de la incidencia supramunicipal, pasando por encima de las competencias urbanísticas y de cualquier tipo de evaluación ambiental.
