Cuando en abril de 2016 el diputado socialista Carlos López Font desveló la solicitud de reintegro de estos fondos que realizaba el Ministerio de Hacienda ya dio a conocer algunas de las irregularidades que la Oficina Antifraude de la Unión Europea había detectado en el proyecto Depotrans gestionado durante la anterior época del PP.
El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no entra a valorar la cuestión de fondo, sino que anula la solicitud de reintegro de Hacienda al detectar este error formal: la petición se realizó fuera de plazo. No obstante, la sentencia sí enuncia algunas de las "irregularidades graves" que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude detectó en el desarrollo de aquel proyecto por parte de los entonces gestores de la Diputación: "La autoridad de control detectó restricciones de la competencia a través de prescripciones técnicas que de facto limitaban la misma a un fabricante determinado; exclusión, por presunta temeridad, de la oferta objetivamente mejor valorada; utilización injustificada del procedimiento de urgencia en las licitaciones; falta de transparencia o criterios disuasorios, entre otras irregularidades", señala el fallo.
DepoGap
Aunque estos 3,6 millones sí podrían ser conservados, no ocurrió lo mismo con los más de 6 del proyecto DepoGap, dado que en este caso las irregularidades detectadas por la autoridad de control no solo eran manifiestas sino que además los servicios jurídicos no encontraron tampoco ningún defecto de forma como en el programa DepoTrans y se decidió no presentar recurso.
