Presupuestos, tarifas, ingresos, ocupación e incluso las obligaciones de usuarios y empresa. El concurso para adjudicar definitivamente el aparcamiento de Veteris bajo la calle Antón Fraguas y, de este modo, regularizar unas instalaciones que cumplen ya tres años funcionando de manera ilegal, incluye un amplio abanico de cifras y cálculos que el Concello expone hasta el mes de septiembre.
La concesión otorgada en su día de forma directa a la actual gestora del recinto, la misma que ejecutó los edificios residenciales de la calle, fue anulada por los tribunales, al igual que toda la tramitación urbanística anterior. Por ello, el Concello tuvo que reiniciar el proceso desde cero.
El concurso, que podría fin a este largo conflicto, podría convocarse a finales de este año, con un plazo de concesión de 68 años y un doble canon: uno inicial de 3.263.377 euros y otro anual de 24.000. La primera cifra es una cantidad de garantía que aplica el Concello para el caso de que la nueva empresa adjudicataria no sea la misma que la actual, a la que habría que indemnizar en esa cuantía.
Tarifas
El plan de viabilidad que acompaña al resto de documentación establece unas tarifas (todas ellas sin añadir el IVA) de 15.500 euros por una cesión permanente de una plaza para automóviles y de 7.750 para motos. A su vez, el alquiler mensual se estima en 33 euros para el uso nocturno, 79 para el diurno y 95 para las 24 horas, así como 1,24 euros para el alquiler por horas, es decir, las denominadas plazas de rotación, un total de 167. Los aspirantes pueden rebajarlas.
En este último punto, el estudio económico estima que en el primer año de nueva explotación apenas se cubrirá el 10,5% de la oferta, que no llegaría al 20% hasta pasado el año 2024. Estos cálculos se basan en los índices de ocupación que la actual adjudicataria (la misma empresa que ejecutó los edificios residenciales en la calle) facilitó al Concello.
El documento señala que "los porcentajes medios de ocupación de las plazas de rotación, calculados a partir de la totalidad de los ingresos obtenidos por rotación y ponderados en función de las 167 plazas del aparcamiento público, son del 5,5% en 2011, del 76,3% en 2012, del 7,7 en 2013 y del 8,9 en 2014". Esta evolución implica que en los primeros años de concesión el resultado global será de pérdidas.
Así se hace un pequeño análisis de mercado y se estima que "en la zona próxima al objeto de la concesión existe una alta demanda de plazas de aparcamiento", pero añade que esa alta demanda "se compensa con la, también elevada, competencia en la oferta del aparcamiento".
Se citan las plazas al aire libre y gratuitas en el polígono residencial próximo entre Eduardo Pondal y Doce de Novembro, pero también la existencia de un parking privado de 500 plazas a escasos metros. Es el gestionado por Tejima, empresa cuya sucesión de pleitos judiciales contra los trámites urbanísticos acabaron provocando la anulación total de todo el proceso.
Las 167 plazas de rotación suponen dos tercios del número total, ya que más de 70 son de uso exclusivo de los propietarios de plazas de garaje asociadas a los pisos construidos encima.
A raíz de esa anulación por parte de los tribunales, confirmada en 2014, el concurso y todos los acuerdos que realiza el Concello sobre este asunto están tutelados por un juzgado de lo Contencioso Administrativo. Esa tutela judicial, que obliga al Concello a informar al magistrado cada mes de sus avances, garantiza que el aparcamiento continúe abierto. De hecho, el conflicto judicial nunca provocó el cierre de un parking que está en servicio desde octubre 2010.
En todo caso, toda apunta a que este segundo proceso para legalizar recinto volverá a estar salpicado de pleitos y aún está pendiente de resolverse un último recurso contra estos nuevos trámites municipales, que sirvieron para dar amparo a este polémico recinto
Años de tramitación
El parking de Veteris comenzó a tramitarse hace más de una década y abrió sus puertas en octubre de 2010, pero todo quedó anulados en 2014. Esta inseguridad es la que pretende resolver el Concello con el nuevo plan especial de infraestructuras aprobado definitivamente en abril, sin que se formulara alegación alguna, ni siquiera de Tejima.
Este documento urbanístico es el segundo que se elaboró y en el se corregían, según la versión municipal, las anomalías que llevaron a los tribunales a anularlo en su día, en especial el trámite de evaluación ambiental.
Hasta principios del próximo mes de septiembre, todos los interesados podrán examinar el complejo expediente en laas oficinas municipales y en la página web del Concello. El concurso, que podría fin a este largo conflicto, podría convocarse a finales de este año y estar resuelto, si no hay sorpresas, en 2018. El plazo de concesión es de 68 años y no de 75 ya que se restan los siete años que ya lleva en funcionamiento.
