La lucha contra el fraude fiscal a nivel local ha tenido sus frutos. La campaña iniciada por el Concello de Pontevedra en 2012 permitió sacar a la luz en cuatro años, hasta 2016, a más de 3.300 contribuyentes que, o bien no estaban pagando las tasas que les correspondían el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o mantenían sus propiedades en un estado de ruina que les eximía, fraudulentamente, de esta aportación económica obligatoria.
Así lo explicó ayer la portavoz del gobierno local, Carme da Silva, que anunció que la junta de gobierno había aprobado la contratación de una nueva asistencia técnica para la inspección y actualización del padrón del IBI para que dé continuidad a la campaña puesta en marcha en el período comprendido entre 2012 y 2016.
"Llevamos una política impositiva de no subir impuestos, pero sí de persecución del fraude", recordó la concelleira Carme da Silva, que añadió que "los impuestos los tiene que pagar todo el mundo; no puede ser que haya personas o entidades que intenten evadir su obligación fiscal". "El Concello seguirá en esta línea para que todo el mundo pague sus impuestos en función del valor de sus propiedades", resumió.
Las inspecciones que el Concello de Pontevedra realizó entre los años 2012 y 2016 en relación al IBI permitieron un ingreso en las arcas municipales próximos a los tres millones de euros. La mayor parte corresponden a los atrasos, 2.100.000 euros, mientras que 851.445 euros fueron ingresados por vecinos "que estaban dejando de pagar anualmente".
Los controles permitieron incrementar el padrón en más de 3.300 contribuyentes a nivel municipal. El mayor número, 1.849 altas, eran "propiedades que no estaban pagando adecuadamente el IBI que les correspondía", mientras que las 1.490 restantes eran rehabilitaciones, viviendas que figuraban como ruinas pero que en realidad estaban rehabilitadas y tenían obligación de pagar los impuestos "como todo el mundo".
Los buenos resultados de la campaña, han llevado al Concello a seguir en marcha con las inspecciones. Un nuevo contrato de asistencia técnica por cuatro años permitirá seguir avanzando en este terreno. El coste será de 240.000 euros para todo el período.
Antes de poner en marcha esta iniciativa, el gobierno local realizó en 2012 una experiencia piloto en las parroquias de Lourizán y Salcedo que sirvió para destapar más de 200 unidades "ocultas". En aquel momento, el concelleiro de Facenda, Raimundo González, admitía que en muchos casos no había ánimo de defraudar sino simplemente "desconocimiento".
El gobierno local tiene contabilizados inmuebles urbanos con más de 40 años de antigüedad en los que hay tanto viviendas como comercios pero que nunca fueron dados de alta en el Catastro.
La campaña también detectó, tal y como se había anunciado antes de su puesta en marcha, edificaciones que figuraban en Hacienda como galpones pero que en realidad eran chalés.
El proceso se derivó de un convenio entre Concello y Hacienda firmado en 2011, tras varios años de negociaciones, que autorizó a la administración local a revisar de forma exhaustiva el Catastro, ya que el Ministerio no realiza inspecciones de oficio, una situación que acarrea numerosos errores en el padrón.
