Las inspecciones que el Concello de Pontevedra realizó entre los años 2012 y 2016 en relación al Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) permitieron a las arcas municipales cobrar cerca de tres millones de euros entre atrasos y contribuyentes que no estaban pagando las tasas que les correspondían. La mayor parte corresponde a los atrasos, 2.100.000 euros, mientras que 851.445 euros fueron ingresados por vecinos "que estaban dejando de pagar anualmente".

Los controles permitieron incrementar el padrón en 1.849 altas, “propiedades que no estaban pagando adecuadamente el IBI que les correspondía”, y 1.490 rehabilitaciones, viviendas que figuraban como ruinas pero que en realidad estaban rehabilitadas y tenían obligación de pagar los impuestos “como todo el mundo”. Por lo que se incrementan en más de 3.300 los contribuyentes en este impuesto municipal.

Ahora el Concello pondrá en marcha un contrato de asistencia técnica por cuatro años por un importe de 240.000 euros para todo el período.

“Llevamos una política impositiva de no subir impuestos pero sí de persecución del fraude”, recordó la concelleira Carme da Silva, que añadió que “los impuestos los tiene que pagar todo el mundo; no puede ser que haya personas o entidades que intenten evadir su obligación fiscal”. "El Concello seguirá en esta línea para que todo el mundo pague sus impuestos en función del valor de sus propiedades".