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Compró la Cámara Agraria en una subasta pública, la Xunta la anuló y un año después no tiene el edificio

Santiago Montejo recurrió en contencioso y el TSXG ha devuelto al proceso a la vía civil - El empresario se siente "maltratado"

Santiago Montejo, ante el edificio de la antigua Cámara Agraria Provincial. // Rafa Vázquez

El empresario Santiago Montejo Urioste es administrador de la sociedad Mercant Lupond S.L. En abril de 2016 ganó la subasta pública del edificio Pazo de San Román de la Praza do Teucro, la antigua Cámara Agraria Provincial. La Xunta cambió posteriormente el resultado de esta subasta, para admitir el recurso presentado por el titular del restaurante ubicado en el bajo del inmueble, como inquilino con derecho de compra preferente, aunque dicha preferencia se pueda ejercer "sobre el local que ocupa, no sobre todo el edificio", como entiende el ganador de la subasta.

Un año y cuatro meses después este empresario sigue sin tener acceso al inmueble que adquirió en un proceso público reglado y por el que depositó 116.000 euros, el 20 por ciento del precio.

Ha recurrido este "cambio de opinión" de la Xunta por vía del Contencioso Administrativo, pero el TSXG ha devuelto el proceso a la vía civil. Mientras, el ganador de la subasta pública, que cuenta con un proyecto empresarial para este inmueble -ahora paralizado por este proceso judicial-, sigue sin tener acceso al edificio, sin que se le reconozca el derecho adquirido en proceso público, y sin saber cómo ni cuándo se resolverá. Eso sí, asevera que "llegaré hasta el final" para que se reconozca un derecho que cree vulnerado por la propia Administración.

Montejo Urioste se presentó a un proceso de subasta pública e hizo la puja más alta. Fue el ganador claro del proceso. Posteriormente el inquilino del local comercial del inmueble, que también se había presentado a la subasta, perdiéndola, recurrió el proceso y la Xunta anuló su propio procedimiento.

Derechos "pisoteados"

El afectado ha iniciado un proceso legal para que se reconozca su derecho pero por el momento, en Contencioso Administrativo el TSXG se ha inhibido del asunto para derivarlo a la jurisdicción civil. "Se me está maltratando, se están pisoteando clarísimamente mis derechos, pero los voy a defender y pelear hasta el final", asegura el empresario, quien lamenta la falta de seriedad de la Administración en sus propios procesos. "Me entristece", añade, tanto por tener que iniciar este proceso, como que por una cuestión burocrática se paralice el proyecto empresarial que tenía para el inmueble.

Antes de verse obligado a llevar el asunto a los tribunales, el afectado -explica- intentó llegar a un acuerdo amistoso con el titular del local comercial. Propuso a los inquilinos que se quedasen con el local de hostelería, renunciando él a esta parte del edificio. "Fue realmente generoso por mi parte", dado que legítimamente había ganado el proceso público", considera.

El contrato de alquiler del bajo comercial vencía en junio de 2016. Cuando se realizó la subasta, al inquilino le quedaban dos meses de contrato y una vez que éste expiró el arrendatario se mantuvo en el local en precario, dado que la propiedad del inmueble está en litigio.

Después de que la Xunta anulase el procedimiento de subasta pública que esta Administración había convocado, el afectado por la anulación del proceso presentó "cinco o siete" escritos de alegaciones, recuerda, ante el gobierno autonómico. No han tenido contestación.

"Me parece absolutamente inconcebible como la Xunta ha dejado un contrato de alquiler en precario durante todo este tiempo y lo mantiene así cuando hay un proceso reglado de subasta y un ganador de la subasta; es inconcebible", se lamenta Montejo Urioste.

Motivo

En cuanto al motivo por el que la Xunta cambió el resultado de la subasta, aceptando el derecho de compra preferente del inquilino, Santiago Montejo explica que la cláusula 19 del acuerdo establece que "En caso de venta del inmueble objeto de arrendamiento -es decir, el local comercial, no todo el edificio, apunta Montejo- el arrendatario tendrá un derecho de adquisición preferente en caso de igualdad de ofertas de compra y siempre que la Xunta de Galicia no ponga objeciones a la venta del inmueble a la parte arrendataria". Además, la enajenación del inmueble no se realizó mediante una compra-venta, sino mediante una subasta pública, reglada y con unas condiciones específicas establecidas por la propia Administración.

Los inquilinos del bajo, que opusieron un recurso que logró anular el procedimiento también concurrieron a la subasta bajo una denominación comercial. Pujaron por el inmueble pero no superaron la oferta del ganador. "Luego decidieron ir por otro camino para hacerse con el local", algo que escandaliza a quien dentro del plazo presentó la oferta más alta.

Con la anulación del procedimiento, "la Administración se pone a prejuzgar una cuestión administrativa y cambian el resultado de una subasta pública", resume el afectado.

Para Montejo Urioste, el asunto de fondo "está clarísimo": "Ha habido un proceso reglado iniciado por la Administración pública, ha habido una resolución y al finalizar la propia Administración cambia el resultado del proceso, introduciendo un nuevo criterio que no estaba en las bases".

"Frustración e impotencia" son los sentimientos que suscita este desarrollo de los acontecimientos al afectado, que se pregunta "¿Cuál fue mi delito: Presentarme a una subasta pública?, ¿ganarla?".

El rigor de la Administración

El madrileño Santiago Montejo lleva nueve años viviendo en Galicia y aquí ha decidido asentarse. Tenía previsión de trasladar sus actividades empresariales desde Madrid a Pontevedra, "porque me encanta Pontevedra, soy un enamorado de la ciudad" y para ello había buscado como sede un edificio céntrico y de cuya subasta pública tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación.

Se presentó confiando en el rigor y la seriedad de la Administración Pública, huyendo de las posibles cargas que pudiese tener un edificio procedente de un embargo, o de los pasivos de una entidad bancaria. "Se supone que una subasta pública es un procedimiento muy reglado, limpio y transparente, con una tramitación clara y estricta", argumenta el afectado.

"No he ido a otros inmuebles porque éste me daba garantías, me daba la garantía de que fuese de la Administración, que no fuese de un particular y que el inmueble tuviese sus cargas y sus problemas", explica el empresario. Por eso califica de "incomprensible" la forma de actuar de la Administración autonómica, si bien Santiago Montejo confía en que "al final se hará justicia y se reconocerá que he ganado ese bien legalmente".

"No me pueden reprochar ninguna acción incorrecta que yo haya hecho, o que no tenga derecho", explica, tras recordar que "quise llegar a un acuerdo, incluso cediendo en mis derechos, porque soy totalmente contrario en llevar las cuestiones al ámbito judicial; pero al final me obligan y no me dejan más alternativa que llegar a donde sea necesario ante la justicia. Estoy escandalizado".

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