Al llevar el asunto a la vía judicial, el empresario que ganó la subasta pública de la antigua Cámara Agraria Provincial ha solicitado al tribunal medidas cautelares, para que no se proceda sobre ningún aspecto de la propiedad, adjudicación, contratos de compra-venta, etcétera, mientras no haya una resolución final firme. Es una cuestión "importantísima" en este momento del proceso, explica, porque "visto lo visto, todo puede pasar" , se teme.
Todo este procedimiento, desde que ganó la subasta pública hasta que la Xunta cambió el resultado de la subasta para admitir la pretensión de alguien que perdió la puja, "ha sido una película de terror, estoy sufriendo un maltrato continuado que creo que no me lo merezco" , explica Santiago Montejo.
El empresario no puede comprender el cambio de criterio de la Xunta en este proceso porque "las interpretaciones se dan cuando hay versiones diferentes, opiniones encontradas, aquí lo que hay son hechos, un proceso reglado con unos pasos claros y estrictos", explica. En todo caso el afectado se declara confiado en que al final se hará justicia y asevera que "iré al estamento que haya que ir y llegaré a donde haga falta, porque evidentemente tengo derechos y han sido vulnerados".
Por otra parte, el empresario lamenta que la Xunta con este tipo de acciones, obstaculice o ponga en peligro proyectos empresariales como el que quería poner en marcha en este edificio. No es precisamente la función de la Administración pública, ni lo que le conviene al país en estos momentos.
