Cinco de las diez lineas de autobuses en la provincia de Pontevedra que la Xunta pretende dar en concesión el próximo mes de julio para resolver la renuncia de las empresas a los servicios actuales, tienen al municipio capitalino como punto de origen o destino o como territorio de paso. Así se establece en el diseño de nuevos recorridos que figuran en el Plan de Transporte Público de Galicia, un sistema que trata no solo de mantener en servicio líneas en riesgo de quedar anuladas, sino que también apuesta por nuevas modalidades, como abrir el transporte escolar a otros usuarios, e implantar el autobús bajo demanda.
Las cinco concesiones que cruzan Pontevedra y en fase de exposición en la actualidad suman un coste de explotación de 4.597.000 euros anuales, y en la mayor parte se admite que serán deficitarias, por lo que la Xunta ya calcula que tendrá que aportar 852.000 euros cada año para mantenerlas en servicio. La concesión, en todo caso, se plantea por un máximo de dos años.
Su puesta en marcha permitiría establecer una red de recorridos y paradas por todo el municipio que incluye un centenar de puntos para tomar el autobús, repartidos por el casco urbano y por la práctica totalidad de las parroquias, si bien no se detallan modalidades para acceder de un vehículo a otro con un único billete.
De ese centenar de paradas, al menos 24 se localizan en el casco urbano, en su mayor parte en puntos ya utilizados en la actualidad, mientras que casi ochenta se ubican en las parroquias.
Siete municipios
Las cinco lineas que ahora se exponen al público con la de Marín-Pontevedra, Soutomaior con Pontevedra y Vigo, Pontevedra-Bueu-Cangas-Vigo, O Grove-Pontevedra y una de larga distancia entre Lugo. Ourense y Vigo. A ellas se suma un sexto recorrido en la comarca, entre O Grove y Sanxenxo, presupuestado en 515.000 euros y unas pérdidas de 123.000. Todas ellas cuentan con anexos que establecen circuitos complementarios. De este modo, en realidad estas seis lineas atienden en conjunto a siete municipios de la comarca: Pontevedra, Marín, Poio, Sanxenxo, Vilaboa, Ponte Caldelas y A Lama.
Todas ellas, salvo de la larga distancia, se planifican ya con la previsión de que generarán pérdidas, en especial en la de Soutomaior, que tendrá un coste de explotación de 528.750 euros y cada año la Xunta tendrá que compensar con 317.000. De hecho, se estima que por ingreso de billetes solo se obtendría el 10% de ese gasto, de ahí que sea uno de los recorridos donde se incorpora el transporte escolar, de modo que usuarios en general puedan ocupar plazas libres a 1,40 euros el viaje.
Solo la linea Lugo-Ourense-Vigo, con una parada en la estación de Pontevedra, aparece sin pérdidas, mientras que la de O Grove-Vilagarcía genera un déficit anual de 123.000 euros.
Salnés y Morrazo
El recorrido O Grove-Pontevedra discurre en buena parte por la franja costera entre la capital y Sanxenxo. Su coste se cifra en algo más de un millón de euros y establece una extensa red de 227 paradas, más de la mitad en Sanxenxo, ya que incorpora el transporte escolar. También se añade este servicio en el recorrido entre Pontevedra y O Morrazo, uno de los más caros con 1.177.000 euros (de los que la Xunta aportaría 244.000). Incluye 40 paradas en Marín, 35 en Pontevedra y 15 en Vilaboa.
En todos los casos se recuerda que la prórroga de las concesiones otorgadas en 2009 por la Xunta fue anulada por el Tribunal Supremo y después todas las empresas que prestaban estos servicios renunciaron a continuar con la explotación, de ahí que ahora se liciten de nuevo y con las novedades del transporte escolar y bajo demanda. La intención es que puedan adjudicarse en julio para entrar en funcionamiento en agosto.
Se indica que "esta renuncia supuso la necesidad de realizar con carácter urgente la contratación de servicios de transporte que permitan satisfacer la demanda de los viajeros que, de otro modo, quedarían privados de servicio y se verían seriamente afectados en su movilidad".
El plan actual en marcha tiene el objetivo de "dar continuidad a las relaciones de tráfico que se perderían tras el vencimiento de los contratos y promover a la vez nuevas modalidades de prestación, como el transporte bajo demanda (previa solicitud telefónica el día anterior) de las personas usuarias o la integración de servicios mediante el transporte público.
