El juzgado de instrucción número 1 de Pontevedra acaba de cerrar la instrucción del tercero de los cuatro casos de supuestas irregularidades en el seno de la Cámara de Comercio de Pontevedra que investiga la Justicia y lo hace con una nueva solicitud de apertura de juicio oral por parte de la Fiscalía en la que se reclaman otra vez penas de prisión para la que fuera secretaria de la entidad cameral, María del Rosario Lorenzo Pontevedra.
Concretamente, el Ministerio Público solicita una pena de cinco años de prisión para la exsecretaria cameral como presunta autora de los delitos de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y un supuesto delito continuado de falsedad en documento mercantil, ambos en concurso medial con el delito de fraude a la administración. En este caso, se le acusa de rectificar las facturas con el coste de las ferias de Ferpalia y Pomovil de los años 2009, 2010 y 2011 para obtener un mayor porcentaje de subvención por parte del Concello de Pontevedra.
Además, el fiscal también pide una pena de tres años de prisión para Manuel Cabada, responsable de la empresa Grupo Norte que era adjudicataria de estas ferias, y a quien acusa de "ponerse de acuerdo" con la entonces secretaria cameral para "reflejar cantidades más abultadas en el presupuesto presentado por este último con la finalidad de conseguir un mayor porcentaje de financiación a cargo del Concello", aunque esto supusiera que la aportación del ayuntamiento superase el 50% de lo que estaba fijado como máximo subvencionable. En algún caso, como Pomovil en 2001, tras las rectificaciones el Concello llegó a financiar el 100% de la feria.
No son los únicos dos acusados, dado que la Fiscalía considera que las ferias, durante esos mismos años, fueron adjudicadas "siempre a la misma empresa", Grupo Norte, "sin respetar los principios de publicidad, libre concurrencia, igualdad y no discriminación". En este caso, acusa de un delito de prevaricación administrativa al entonces presidente de la entidad, Ricardo Mirón Gutiérrez y como cooperadora necesaria a la exsecretaria, Rosario Lorenzo. En este caso no pide penas de prisión, sino que el fiscal se limita a solicitar la inhabilitación de ambos para ocupar el puesto de presidente o secretaria de una cámara de comercio o de cualquier otra corporación de derecho público por espacio de 9 años.
Familiares en la adjudicataria
En su escrito, el fiscal advierte de que aquellos contratos de servicios con valor superior a 50.000 euros deben seguir un procedimiento abierto y que "sin embargo, la Cámara de Comercio de Pontevedra venía adjudicando sistemáticamente la organización de los eventos feriales" a la empresa Grupo Norte en la que destaca que "prestaba sus servicios M. I. L. P.. hermana de quien entonces ejercía el cargo de secretaria general de la cámara" y acusada en este procedimiento.
Además, señala que el asesor jurídico de la Cámara presentó un escrito en el registro del organismo en el que advertida de que la adjudicación de eventos "siempre a la misma empresa y sin cumplir con los requisitos de publicidad, concurrencia y objetividad pudieran constituir un delito de prevaricación". Pese a ello, el comité ejecutivo presidido por Ricardo Mirón adjudicó en julio de 2009 y en mayo de 2010 la organización de estas ferias de Ferpalia y Pomovil "sin respetar" los principios antes indicados y sin haber seguido previamente procedimiento alguno de adjudicación.
Moldes no fue advertido
El 14 de septiembre de 2011 el comité ejecutivo, esta vez ya presidido por Francisco Molde, volvió a adjudicar a esta empresa la organización de ambas ferias, pero el fiscal cree que no consta que el presidente en ese caso, que había accedido al cargo recientemente, hubiese sido advertido expresamente de la necesidad de ajustarse a los indicados procedimientos de adjudicación.
