El perfil de los usuarios del centro de menores Avelino Montero de Pontevedra, dependiente de la Xunta de Galicia, es el de un joven que cometió violencia callera o protagonizó robos en la calle o agresiones entre unas pandillas y otras. Habitualmente tiene menos de 18 años.
Se trata de un perfil que ha variado en el último año, ya que la institución pública había detectado también un aumento de casos de menores que habían agredido a sus padres o familiares, "jóvenes que no estaban circunscritos a familias con pocos recursos, sino todo lo contrario", aseguran fuentes del centro.
Actualmente el Avelino Montero tiene capacidad para 25 menores, aunque se encuentra en "una ocupación media". Esto quiere decir que no se ha llegado al límite, aunque tiene cuatro plazas pendientes de cobertura.
Para atender a este máximo de 25 menores el centro organiza turnos de modo que en cada uno trabajan cuatro o cinco educadores, "para lograr una atención personal directa". A mayores, las instalaciones cuentan con personal de seguridad, servicios generales, cocina y limpieza, entre otros.
"Los educadores son los que trabajan con los menores para su reincorporación educativa y laboral", destacan las mismas fuentes.
Los turnos se realizan teniendo en cuenta las 24 horas de los 365 días del año. Es decir, de modo que los descansos de los trabajadores no dejen sin cubrir ni un solo momento.
La edad media de estos jóvenes roza los 18 años, aunque también se han encontrado con casos puntuales de algunos mayores de edad. "Hugo, de forma anecdótica alguno de 20 o 21 años, pero son casos muy poco significativos, aunque pueden darse".
En numerosas ocasiones esto ocurre porque las medidas de corrección a aplicar, equivalente a las penas, que se pueden imponer a un menor pueden ser superiores a varios años, de modo que si son dictadas cuando se acerca a la mayoría edad debe seguir cumpliéndolas pasados los 18.
Además, la mayoría de los internos son hombres, una circunstancia que se mantiene en el tiempo pese a que el centro es mixto desde hace años.
Algunos de los usuarios del Avelino Montero están trabajando fuera con becas de Insergal y otros están realizando estudios formativos también en el exterior del centro.
"El objetivo es siempre el proyecto educativo individualizado y que realicen la mayoría de sus actividades fuera, siempre que haya garantía de que va a seguir el trabajo que se le marca", explican desde el centro.
"Siempre se busca que el centro sea un pequeño refugio, pero que la mayoría de su actividad esté fuera, siempre con control", añaden.
Asimismo, la institución pública trabaja con intervenciones de fines de semana, consistente en que los menores que estén trabajando o estudiando fuera pueden continuar con esta actividad. La cuestión en estos casos es que deben acudir al centro los fines de semana.
El número de chavales varía de unos momentos a otros del año, ya que depende de las intervenciones jurídicas.
El nivel de capacidad media actual implica que siempre hay plazas para los nuevos ingresos. Cuando esto no ocurre, aunque sería algo excepcional, los menores son trasladados a otros centros de otras provincias e incluso de otras comunidades autónomas.
"Esto podría ocurrir cuando, por ejemplo, se coge delinquiendo a toda una pandilla entera de unos seis o siete chavales, lo que derivaría en una situación de crisis", destacan las fuentes del centro.
Muchos de los trabajadores de la ciudad infantil Príncipe Felipe pasaron antes por el Avelino Montero. "El trabajo con menores es un trabajo muy sensible. Necesita muchos recurso y tiene muchos beneficios sociales", concluyen desde la institución.
En todo momento, los educadores intentan implicar a los padres y tutores en su trabajo con unos menores a los que no han podido o sabido ponerles normas y límites.
Incremento de plazas
Hasta 2013 el Avelino Montero contaba con 22 plazas, además de varios puestos, independientes de los anteriores, para el cumplimiento de medidas judicales de privación de libertad de fin de semana. Fue en ese año cuando se llevó a cabo la ampliación de plazas por parte de la Xunta de Galicia, una decisión aplaudida por los trabajadores del centro.
La ubicación de las instalaciones en pleno centro de la ciudad, en la Avenida de Vigo, pusieron su continuidad en riesgo durante el "boom" inmobiliario.
Las últimas noticias llegadas desde el centro fueron con motivo de las protestas del personal de seguridad, que se concentró ante la puerta principal de las instalaciones para reclamar a la empresa Compañía de Protección y Vigilancia Galaica S.A. el cumplimiento del convenio laboral.
