"El saneamiento de la ría de Pontevedra seguirá siendo una prioridad" pero "la prestación de este servicio es competencia de los ayuntamientos, no del Gobierno de España", por lo que el único papel del Ministerio de Medio Ambiente en todo este proyecto (que encabeza la Xunta) pasa por resolver el problema legal que atenaza por el momento a la depuradora de Placeres, que a día de hoy carece de concesión en vigor para ocupar los terrenos marítimo-terrestres en los que se levanta desde hace dos décadas.
Así lo puso de manifiesto la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, durante el debate celebrado en el Congreso el pasado miércoles a raíz de una interpelación del diputado de En Marea Antón Gómez-Reino acerca de la "escasa" implicación del Gobierno central en el saneamiento de las rías gallegas.
Tejerina recordó que su departamento ha actuado en los últimos cinco años en obras en Vigo, Porriño y en las provincias de A Coruña y Ourense, pero no en la ría pontevedresa, pese a que "es una prioridad", si bien corresponde, a su juicio, a la Xunta. Eso sí, reiteró que Costas "trabaja para regularizar la situación de la Edar de Placeres, que es previa a la obra de ampliación que llevará a cabo la Xunta", según explicó en el Congreso.
Ese "trabajo" de legalización acumula ya un año de trámites. El 9 de mayo de 2016, la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, se reunía en Madrid con la ministra, entonces en funciones, Isabel García Tejerina, con el fin de solicitar la "máxima colaboración y celeridad" para completar el procedimiento de regularización de la concesión de los terrenos de la depuradora de Placeres, así como del emisario submarino, junto con la obtención de los terrenos necesarios para su ampliación. Sin esa regularización, después de que Costas dejase en precario la concesión, la Xunta no puede acometer la mejora de esa planta.
Un año después de aquella reunión, el expediente aún está sin resolver pese a que Augas de Galicia lo planteó en aquellas mismas fechas, con vistas a poder ejecutar este año las primeras obras. De hecho, el plan autonómico para sanear la ría, con un presupuesto inicial de 45 millones, todavía se encuentra en su fase de estudios y proyectos, junto con actuaciones menores. El próximo paso previsto es disponer del diseño técnico del segundo emisario submarino.
La depuradora de Placeres está ubicada desde hace más de dos décadas en terrenos público marítimo-terrestres, pero que desde junio de 2015 carece de concesión por parte de Costas, al quedar anulada cuanto el Ministerio de Medio Ambiente revisó la autorización de Ence. En concreto, la Xunta pide un permiso de ocupación de 13.749 metros cuadrados.
Desde junio de 2015
Este proceso de regularización procede de la resolución que Costas dictó en junio de 2015, por orden de los tribunales para revisar la concesión global a Ence, que incluía esos terrenos colindantes. Aquella resolución despejaba el horizonte de la empresa pastera, que se confirmó en enero de 2016 con la prórroga de la concesión hasta 2073, al establecer una caducidad parcial de aquella autorización en Lourizán, pero que no afectaba a la superficie donde se centra la fabricación, sino a la depuradora de Lourizán y al emisario submarino.
En todo caso, el documento permitía la continuidad de la depuradora por su "interés general" y proponía medidas para legalizar tanto estas últimas instalaciones como el comedor de la factoría, que en su momento se construyó sin autorización. La depuradora de aguas residuales se declaró como no cubierta por la concesión, pero sí legalizable, cuestión que compete a la Xunta, como así quedaba recogido en la resolución. Después de que Costas dejase en precario la concesión de la depuradora, sin esa regularización en la que aún "trabaja", un año después, Costas, la Xunta no puede proyectar la mejora de esa planta.
Precisamente esa ampliación es una de las prioridades del saneamiento de la ría, junto con un nuevo emisario submarino de la planta de Placeres, otro de los elementos afectados por la concesión anulada. El anteproyecto del emisario submarino, previsto para diluir mejor el efluente procedente de la depuradora de Lourizán estará listo en junio. Tendrá más de tres kilómetros y su punto final estará "todavía más alejado del actual", por lo cual no afectará a las bateas, según la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato. Así se aseguró en abril pasado durante la tercera reunión sobre este proyecto entre la Xunta, los concellos de la ría y las cofradías.
