El juzgado de lo Social número 3 de Pontevedra acaba de dar un duro varapalo al gobierno local de Ponte Caldelas a raíz del cierre, en enero, del Centro de Información á Muller (CIM), que supuso la finalización de la relación laboral con sus dos trabajadoras, una abogada y una psicóloga.
La sentencia, que no es firme, considera que sí existía "una relación laboral entre las partes" y declara "la nulidad de despido por vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva". Por ello, el magistrado condena al Concello a "la readmisión en las mismas condiciones que tenían antes de producirse el despido, con el abono de los salarios dejados de percibir, ascendiendo el salario diario a 87,97 y 34,12 euros respectivamente".
La desaparición del CIM en Ponte Caldelas generó una gran tormenta política entre el PP (en la oposición) y el PSOE, que ostenta la alcaldía, que incluso llegó al Parlamento gallego. Paralelamente, las dos trabajadoras formularon en enero una demanda en el Juzgado de lo Social, que ahora les da la razón.
La sentencia señala que la abonada y la psicóloga trabajaron en ese CIM desde julio de 2006 hasta su cierre el 31 de diciembre pasado. Una semana antes de esa fecha, ambas recibieron una notificación donde se comunica "la finalización de sus contratos" y que "el Concello no considera procedente la prórroga del mismo". Unos días después, el ayuntamiento "procedió a la contratación de una abogada que comenzó a prestar servicios a partir del 2 de enero de 2017".
El gobierno local evitó ayer valorar la sentencia ya que "no la hemos recibido", y se limitó a culpar al anterior equipo municipal, del PP, de la "chapucera" gestión del CIM.
