El proceso judicial contra el alcalde de Caldas procedía del supuesto pago de una multa coercitiva por el caso del derribo del edificio de Caldas, ubicado en el número 57 de la Calle Real. Este caso acumula ya casi 15 años de duración. En 2002, una sentencia determinó la demolición del inmueble tras la denuncia de un vecino. La sentencia, confirmada por el Tribunal Superior de Xustiza en 2007 y 2009, anulaba la licencia municipal al considerar que ésta incumplía la normativa vigente en aquel momento.
Juan Manuel Rey heredó la citada orden en 2006, tras sustituir en el cargo de regidor al también socialista José María Tobío e incumplió el fallo judicial. Por ello, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo les impuso a ambos ediles varias multas coercitivas que, como ahora se ha demostrado, Rey pagó de su propio bolsillo y no con fondos municipales.
