La Fiscalía Provincial de Pontevedra mantuvo ayer su solicitud de dos años de prisión para Francisco Otero Regueira como autor de un delito urbanístico y otro de desobediencia por un inmueble ilegal que se levanta a 60 metros de la playa de Lapamán, en el municipio de Marín.

Que el edificio y la finca sobre la que se levanta está Marín es de lo poco que parece claro en un complicado proceso que hunde sus raíces a principios de los años 90. Concretamente en el año 1992. En aquel entonces, el Concello de Bueu y Costas dieron permiso a la empresa familiar, Construcción Otero Regueira, para la construcción de un inmueble que pretendían convertir en la residencia de las hijas de Francisco Otero y su mujer. Unas licencias que ayer todavía exhibían en los juzgados y que cinco años después se revocaban, tras comprobar la administración que el inmueble está en Marín y no en Bueu. De aquella, el inmueble estaba ya casi en pie. Unos permisos que el Concello de Marín no solo revocaba, sino que además provocaban el inicio ante la APLU de un expediente de reposición de la legalidad urbanística que acabó con una orden de demolición del edificio y fueron el pistoletazo de salida a incontables pleitos ante el TSXG y Tribunal Supremo.

Pero a la Fiscalía poco le importa para este proceso lo sucedido en el año 1992. Tal y como explicaba ayer el fiscal durante el juicio, la acusación por la vía penal que sostiene en la actualidad contra Francisco Otero Regueira asegura que tiene que ver con unos hechos distintos a aquellos. Basa su acusación en lo sucedido entre 2012 y 2015, cuando, supuestamente, el acusado habría realizado nuevas obras de rehabilitación en el edificio, para el cual no tiene licencia, y además habría utilizado el inmueble y la finca para una actividad lucrativa de aparcamiento algo para lo que no estaba autorizado ni por el ayuntamiento ni por Costas. Además, le acusa de desobedecer las reiteradas órdenes de derribo que pesan sobre este edificio, y de cese de actividad como aparcamiento.

Francisco Otero Regueira se defendió en distintos frentes. El primero asegurando que él no puede ser autor de delito alguno dado que no es el responsable de la empresa propietaria del inmueble ni del terreno. Tampoco fue quien edificó esta construcción, dice, sino que lo fue la empresa familiar. "No hay documentación oficial y válida que diga que yo soy el dueño de esa parcela, la propiedad es de Construcciones Otero Regueira", insistió. "Yo no soy el promotor de la obra", reiteró, sino que lo sería la ya mencionada empresa. Una firma de la que admite que tiene participaciones, al igual que su padre y su mujer, pero de la que es administradora única su esposa. Reconoce que acudía a la finca, que la limpiaba y que en ocasiones ayudó a colocar algún cartel de aparcamiento (pero no con ánimo de lucro, aseguró, sino para informar a conocidos que se acercaban a la finca para participar en fiestas). Asegura que, en todo caso, pudo recibir algún "donativo" cuando dejaba aparcar a usuarios de la playa en la parcela pero niega, en todo caso, que la finca tuviera esta actividad en 2015 pese a unas fotografías que obran en la causa. Él insiste que, en esa ocasión, eran vehículos de conocidos y amigos que él mismo retiró de la parcela en cuanto así se lo requirieron.

La mujer ratificó que era ella quien estaba al mando de la empresa. Mostró un desconocimiento total en cuestiones empresariales pero lo justificó diciendo que para llevar la firma contrató a un asesor, un arquitecto del que no supo o no quiso dar el nombre pese a la insistencia del tribunal.

El fiscal cree que el acusado era, de facto, el responsable de esta empresa y le extrañó, para empezar, que el nombre de la firma coincida con los apellidos del propio acusado. "Es el apellido de mi padre y el de mi madre", dijo el procesado, "salió así", añadió.

El acusado negó también que se realizasen nuevas obras en el edificio durante esta última etapa entre 2012 y 2015. Insiste además que las autoridades le comunicaron a él, como persona física, y no a la empresa, decisiones importantes como la revocación de la licencia inicial para la construcción del inmueble. Francisco Otero Regueira cree que dicha licencia todavía "está en vigor" a día de hoy dado que su revocación nunca fue informada a Construcciones Otero Regueira, la empresa dueña del edificio. Su letrado, también solicitó vulneración del derecho "non bis in idem", al entender que los procesos administrativos y judiciales anteriores ya han sancionado al acusado por estos hechos; además de entender la prescripción del delito. El fiscal rechazó estas alegaciones dos y la magistrada, sin perjuicio de una valoración más extensa en sentencia, tampoco accedió a las peticiones del letrado.

Finalizada la vista oral, el fiscal mantuvo su petición de dos años de prisión pero rebajó la multa a tenor de las dificultades económicas que alegó el acusado, amenazado incluso por un posible desahucio debido a las deudas contraídas con las entidades bancarias. Además de la demolición, que ya solicitaba en su escrito de acusación inicial, pide al tribunal que obligue al acusado a devolver la finca a su estado original.

"Yo mando en Lapamán"

El juicio también estuvo marcado por las llamadas de atención que tuvo que realizar la magistrada al público asistente a la vista. Los acusados contaron con el apoyo de vecinos y familiares durante el juicio. Cuando la sala se llenó, prohibió la entrada de más público lo que provocó el enfado de alguno de los asistentes. Algo a lo que una de las asistentes rebatió "si usted es quien manda aquí yo soy quien manda en Lapamán y tengo derechos". El fiscal también pidió que, en caso de sentencia condenatoria, se deduzca testimonio contra la mujer, la hija y el exyerno del acusado por supuesto falso testimonio.