La concejala de Seguridad y Personal, Vanessa Rodríguez Búa, valora de forma positiva las modificaciones introducidas por la Xunta en el decreto de 2012 que regula el sector del salvamento acuático y el socorrismo, ya que éste ha provocado serios problemas en la contratación de este personal durante los últimos veranos.
Rodríguez reconoce que la ampliación del periodo transitorio para adaptarse al decreto que obliga a los socorristas gallegos a dotarse de un certificado de profesionalidad, exigiéndolo en 2021, supone un incremento de profesionales en el mercado, ya que permite ejercer a estudiantes de Inef y Tadaf. En este sentido, la concejala de Seguridad reconoce la "valentía de la Xunta, única administración con competencias para la regulación del sector del salvamento acuático y el socorrismo, para corregir las nefastas consecuencias que el decreto de 2012 ha tenido para municipios turísticos, como el caso de Sanxenxo".
