Mientras la Xunta trata de aplicar medidas fiscales para atraer vecinos al rural y poner freno a su despoblación, el Ministerio de Hacienda parece actuar en la dirección contraria con la regularización catastral que tiene en marcha desde hace unos años y que tiene el objetivo, entre otros, de incluir en el Catastro (y por tanto en el pago del IBI) inmuebles rurales que antes estaban exentos, como las construcciones auxiliares del sector agrícola.
Esta medida, en vigor desde hace tiempo en Galicia, llega este año a territorios especialmente castigados por la caída demográfica, como Cotobade, Cuntis y A Lama, además de aplicarse en Pontevedra, Barro y Sanxenxo.
