15 de febrero de 2017
15.02.2017

El fiscal pide 13 años para los guardias civiles acusados de filtrar información a narcos

El Ministerio Público sostiene que los "soplos" de los dos agentes frustraron operaciones en curso -Robaron información personal sobre los miembros de los equipos antidroga

15.02.2017 | 03:04

La Fiscalía Provincial, en un escrito rubricado por el todavía fiscal antidroga Luis Uriarte, solicita penas que suman trece años y medio de prisión para cada uno de los dos guardias civiles de la Comandancia de Pontevedra acusados de difundir información clasificada y secreta entre diversos grupos criminales, preferentemente de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Se trata de los agentes Javier L. P., en el momento de los hechos integrante del Equipo contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil en Galicia (ECO-Galicia); y Diego F. C., de la Sección de Patrimonio de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil y que compartía dependencias con Equipo de Drogas y Crimen Organizado de Pontevedra, algo que, según el fiscal, le permitía acceder a sus equipos. El fiscal les imputa los delitos de integración en grupo criminal , revelación de secretos y encubrimiento y un delito contra la intimidad cometido por funcionario público. Además de las penas de prisión, reclama su suspensión de empleo público por espacio de tres años e inhabilitación absoluta por otros doce.

El fiscal también formula acusación contra el que considera que actuaba, en ocasiones, de enlace entre los dos agentes y los grupos de narcotraficantes. Se trata de Juan Carlos S. N., un vecino Vilanova vinculado "policialmente" con el narcotráfico, según el escrito de acusación.

En su escrito, el fiscal antidroga relata como los dos agentes difundían información de investigaciones judiciales en marcha declaradas secretas haciendo llegar a las personas investigadas fotografías realizadas por la Guardia Civil de sus reuniones, pantallazos de ordenador con el estado de las actuaciones y las personas investigadas así como otra información que, por ejemplo frustró una operación en la que se trataba de desactivar una organización que llegó a gestionar envíos de unos mil kilos de cocaína a través de los puertos españoles. A raíz de la información filtrada por estos supuestos "topos" los investigados extremaron sus medidas de seguridad y la operación se fue al traste. Lo mismo ocurrió con otra investigación sobre un presunto narcotraficante de Vilagarcía, que acabó archivada, o la operación bautizada como "Azúcar Amargo" que se fue al garete tras meses de trabajo de un juzgado de instrucción de Vigo.

La operación "Jaula" del ECO Galicia también se vio afectada por las supuestas filtraciones de estos agentes y los dos agentes llegaron apoderarse y difundir a personas ajenas al Guardia Civil de información personal reservada de los propios miembros del ECO Galicia, con información que revelaba sus vacaciones y sus nombres. El día en el que fue detenido, Javier L. S. salía de la Comandancia de la Guardia Civil tras haberse apoderado según el fiscal de los ficheros con las fichas personales de los miembros del ECO Galicia, que incluían filiación, domicilio, nombres de familiares, teléfono de contacto e incluso una fotografía. Datos que no llegaron a ser difundidos al haber sido detenido inmediatamente después de hacerse con los mismos.

Un listado de todos los vehículos policiales camuflados que utilizaban las unidades antidroga y el Grupo de Patrimonio es otro de los elementos filtrados. En los ordenadores de los dos agentes se localizaron 500 archivos y 2.000 documentos con información de investigaciones del ECO Galicia, la mayoría de ellas judicializadas y secretas, que incluían informes operativos, seguimientos o informes de instalación de medios técnicos de investigación policial, así como información de los investigados.

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