11 de febrero de 2017
11.02.2017

El PP de Vilaboa pide la dimisión del alcalde ante la denuncia de un por prevaricación administrativa

Critica que Poceiro excuse la falta de gestión en las "bajas laborales de la anterior secretaria"

11.02.2017 | 03:07

El Partido Popular de Vilaboa pide la dimisión del alcalde, el socialista José Luis Poceiro. Lo hace tras revisar el expediente de la denuncia presentada por un vecino por presunta prevaricación administrativa cometida tanto por el alcalde, como por el concejal de Urbanismo. "Las declaraciones hechas a los medios de comunicación por parte del alcalde, muestran una falta de respeto el denunciante, y la justicia en general; la defensa del alcalde se basó en la teoría del ventilador, diciendo que la culpa de que el expediente no se haya resuelto antes es de las bajas laborales de la anterior secretaria, desde el año 2011 ya fueron varios secretarios los que pasaron por Vilaboa".

Para la portavoz del PP, Beatriz Rosendo, son "unas declaraciones lamentables y que faltan a la verdad; es increíble que le haya dicho el juez que la acumulación de trabajo de la secretaria le impidió resolverlo antes". Una vez revisado el expediente, según el PP, se puede comprobar que la dilación en el tiempo por parte del Concello de Vilaboa es "manifiesta, clara y notoria, hasta el límite que el Valedor do Pobo tiene que hacer tres requerimientos para que le remita la información y la APLU instó hasta en cuatro ocasiones al Alcalde a que adopte las medidas necesarias para restaurar la legalidad",

Rosendo apunta que fue el grupo de gobierno actual, (BNG-PSOE), el que solicitó la adhesión a APLU "con el único objetivo de sacarse los problemas vecinales de encima, y en este caso que nos ocupa, la obligación de reposición de legalidad recae en el Concello de Vilaboa, y claro, el señor alcalde se encuentra en una situación comprometida, en la que tendría que dejar de navegar a dos bandas".

El PP de Vilaboa expone que a principios de febrero de 2017, justo una semana antes de las declaraciones ante el juzgado, se redacta un decreto de la Alcaldía en el cual incoa el expediente de reposición de legalidad, "o sea, lo que no hizo en seis años lo hizo en una semana, lo que demuestra si no hubiera denuncia judicial no se movería el expediente". Beatriz Rosendo se pregunta "¿por qué a ocho días de la citación judicial se firma el decreto y no lo hizo antes?" y se responde que "por miedo a las consecuencias judiciales".

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