Comunidades de vecinos y Concellos están en disposición de limitar el número de los llamados pisos o viviendas turísticas tras la publicación del decreto de la Xunta que los regula. Sin embargo, los ayuntamientos parecen no estar dispuestos a abrir por ahora este melón que tiene enfrentados por un lado a los propietarios de los inmuebles, que rechaza la normativa autonómica, con el sector hotelero, que la aplaude.
Esto es lo que ocurre en el que, probablemente, sea el concello de Galicia más afectado por este decreto: Sanxenxo. Allí el gobierno local ya descarta, en principio, utilizar alguna de las atribuciones que le confiere el decreto para limitar de algún modo el número de alojamientos turísticos. Aparte de mantenerse al margen ante estas dos posturas enfrentadas también en este municipio, entre propietarios de viviendas en alquiler y hostelería, el Concello sí que está facilitando a la Xunta los medios para que explique a todos los interesados y propietarios el contenido de este decreto.
Tampoco Pontevedra tiene previsto, por el momento, limitar de algún modo la proliferación de alojamientos turísticos. En esto coinciden lo totalidad de los concellos que indican que en la provincia no existen casos en los que se recomiende acotar la situación como ocurre en Barcelona, al menor por ahora. La concejala responsable de Turismo en la ciudad del Lérez, Anabel Gulías, explicó que el ayuntamiento no tiene previsto tomar ninguna medida al respecto sobre una posible limitación de este tipo de viviendas. Señala que el primer paso será realizar un "estudio exhaustivo" del decreto de la Xunta y comprobar "en qué posición deja a los concellos". Antes de adoptar ninguna medida también quieren reunirse con el sector hotelero y los propietarios para conocer sus posturas y, con todos estos datos sobre la mesa, "valoraremos y decidiremos". Con todo, Gulías ya adelantó que es muy probable que el Concello "no actúe si comprueba que no hay necesidad de hacerlo" en un sector que en Pontevedra tiene mucha menos incidencia que en otros puntos como Sanxenxo.
También en Poio están pendientes de un examen más pormenorizado del decreto de la Xunta aunque su concejal de Turismo, José Luis Martínez, ya recordó que el pleno apoyó una moción en la que se pedía la revisión del decreto para ajustarlo a algunas de las demandas que planteaban los propietarios y que consideraban legítimas. Con todo, el edil insiste que el Concello no tiene previsto, al menos de momento, limitar el número de viviendas que pudieran salir en alquiler durante la temporada estival.
En Marín, la edil Cristina Acuña también confirma que el Concello no tiene previsto por ahora echar mano de la normativa para poner coto a los alquileres turísticos. "Estamos a la espera de lo que nos pueda indicar el estudio en profundidad del decreto que sale hoy publicado" pero señala que en principio Marín no se encuentra tampoco entre la lista de concellos en los que haya una excesiva presión por este tipo de pisos de temporada.
El decreto de la Xunta no solo señala a los ayuntamientos como los únicos que pueden regular o limitar el número de pisos turísticos que salen al mercado, según este decreto. También atribuye esta potestad a las comunidades de vecinos. Dulcinea Aguín, presidenta de la Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia (Aviturga) rechaza diversos puntos que se incluyen en este decreto, pero señala especialmente este apartado con el que cree que la Xunta "anula los derechos de propiedad" de los dueños de los pisos para utilizarlos y sacarles rendimiento como ellos prefieran.
Desde Aviturga se considera también muy "difícil" que los Concellos puedan poner límite a un sector que permite a los ayuntamientos, en muchos casos, completar una oferta de alojamiento vacacional que no logran cubrir con el actual número de plazas hoteleras y que supone un gran perjuicio económico por el gran número de visitantes que se hospedan en sus vacaciones en este tipo de alojamiento y que podrían quedarse sin alternativa residencial.
Advierten de que el decreto fija requisitos que muchas viviendas que se alquilaban hasta la fecha no podrán cumplir para poder seguir alquilándose de forma legal, por lo que prevén un impacto económico muy negativo en los ayuntamientos, concretamente en mercados, comercios o restaurantes a los que acudían estos turistas.
Reunión hoy en Portonovo
Ante la publicación del decreto, Aviturga reacción con la celebración de una reunión hoy a las 19 horas en el edificio de Usos Múltiples de Portonovo para analizar el decreto, encuentro abierto a cualquier persona. Los propietarios de viviendas de alquiler vacacional asociados a este colectivo siempre denunciaron que la Xunta nunca tuvo "ninguna voluntad" de reunirse con ellos para consensuar el decreto, sino que este se gestó y aprobó "siguiendo las directrices del sector hotelero". También dudan del cálculo de la Xunta que hace un año hablaba de unas 40.000 viviendas afectadas en Galicia y ayer las rebajaba a mil. "Nos preguntamos si esta no será la cifra de viviendas que esperan regular, dejando las otras fuera", señala Aguín.
