El archivo provisional del caso llega después de un informe emitido por el fiscal Jesús Calles en el que se indica que no se hallaron indicios de delito ni en la actuación de los funcionarios del Concello ni tampoco de ningún cargo político. Y es que en aquel informe de la UDEF se señalaban también los posibles incumplimientos del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, en la contratación a la propia adjudicataria de los planes de seguridad y salud durante la ejecución de las obras, en lugar de externalizar los mismos. Según la UDEF, el alcalde tomaba una decisión "arbitraria" e "injusta" en contra de lo que determinaban las cláusulas administrativas al levantar los reparos que tanto el interventor como los servicios jurídicos del Concello ponían a esta práctica que, por otra parte, se extendía a todas las obras del Concello hasta que se cambió a raíz precisamente de esta investigación. El fiscal analizó la explicación ofrecida por el Concello, quien justificaba este proceder en la no existencia de personal específico en el ayuntamiento para realizar esta labor y que, con el objetivo de optimizar los recursos públicos, contrataba el servicio a la propia empresa adjudicataria. La Fiscalía, que tampoco observó delito en el proceder de los funcionarios investigados y mencionados en las escuchas de Eiriña, ve en este procedimiento utilizado por el concello incumplimientos y algunos "vicios" de carácter administrativo, pero ante la explicación ofrecida por el Concello, considera que la decisión del alcalde no fue "arbitraria" y por lo tanto concluye que tampoco hubo delito alguno
