La operación Patos, activada por un juzgado de Vigo en febrero de 2014, queda cerrada para el Concello de Pontevedra. El juzgado de instrucción número 1 de la ciudad, al que correspondió una de las piezas separadas de este caso, acaba de decretar el archivo provisional de la última causa relacionada con el ayuntamiento que aún estaba viva: la investigación de supuestas irregularidades penales en la contratación de las obras de reforma de la calle Santa Clara y la avenida de Lugo y de un vial en la parroquia de Salcedo.

El sobreseimiento provisional se realiza a petición de la Fiscalía, que admite que hubo anomalías administrativas en esas contrataciones, pero que no corresponden al ámbito penal sino, en su caso, al contencioso. En concreto, se investigó el levantamiento de los reparos técnicos, por parte del alcalde, por la contratación del plan de seguridad y salud a la misma empresa que ejecutaba las obras, cuando la ley obliga a elegir a una compañía distinta. También se analizaron los criterios de valoración de los ofertas, pero en ningún caso se aprecian ilícitos penales, de ahí que se decrete este sobreseimiento provisional, que previsiblemente se eleve a definitivo en breve.

Se trata de la última causa que aún permanecía en activa en los juzgados ya que las otras tres piezas separadas derivadas de aquellos registros de 2014, ya fueron archivadas, la última de ellas hace apenas un mes.

El auto del juzgado número 1 llegó en la mañana de este jueves a manos del concejal de Personal y Régimen Interior Vicente García Legísima, quien reitera "lo que siempre se dijo en estos casos desde el gobierno local, que nunca hubo nada que ocultar y si hubo algún incumplimiento de la norma fue para defender los intereses de los ciudadanos".

Insiste en que "estamos a disposición de todas las instancias para colaborar en cualquier investigación" pero cree que la "vía penal es lo último a lo se debe acudir". El concejal recuerda que tres funcionarios municipales fueron llamados a declarar, en calidad de investigados, por este casi y "no lo pasaron bien; cumplieron con su trabajo y esta cuestión influyó en su actividad cotidiana porque acudir a un juzgado como investigado, aunque no haya delito alguno, ya es una pena en sí misma".

La operación Patos se desató en el Concello de Pontevedra, otros ayuntamientos e instituciones de la provincia, hace justo tres años, en febrero de 2014, con registros en las oficinas municipales en los que los agentes se llevaron decenas de cajas de documentación "que esperemos que ahora nos devuelvan", apunta García Legísima.