El Supremo, como ya hizo la Audiencia Nacional en 2015, entiende que analizar estas reclamaciones vecinales sería entrar ya en el fondo del asunto, todavía en fase de análisis. Al respecto, se reprocha que los argumentos de la plataforma para pedir la suspensión cautelar de los trabajos "solo tienen la pretensión de trasladar a este momento procesal un examen de la cuestión referente a la posible caducidad por el transcurso del tiempo de los instrumentos de evaluación ambiental, cuestión que, de ser resuelta, supondría avanzar de forma improcedente en sede cautelar, un pronunciamiento que sólo podrá realizarse al examinar el fondo de la cuestión, tras las oportunas alegaciones de las partes y la práctica de actividad probatoria, en su caso".
De este modo, Fomento puede, por el momento, seguir adelante con la ejecución de unas obras valoradas en unos 60 millones de euros, cuya "primera piedra" se colocó el 19 de octubre, aunque el inicio real no llegó hasta enero. Desde entonces su ritmo de ejecución es lento y son constantes las quejas de la plataforma Salvemos A Fracha por el impacto paisajístico, visual y ambiental de sus grandes movimientos de tierra.
