"El gobierno local siete sumo interés en resolver y adjudicar cuanto antes" las concesiones de los servicios municipales de abastecimiento de agua y basura. Así lo explica el concejal de Facenda, Raimundo González Carballo. Son los dos principales retos a los que se enfrenta el Concello a lo largo de este año. Sin embargo, los plazos que hace unos meses manejaba el equipo municipal para renovar estos dos contratos, los de mayor cuantía de todos los municipales, se han visto desbordados y el gobierno local se verá forzado, en cuestión de semanas a aplicar una prórroga o moratoria transitoria a ambas concesiones ya que no hay tiempo material para convocar y adjudicar los concursos antes de que venzan los anteriores. También lo admite González Carballo.

Poco más de cinco meses en el caso de la recogida de basura y la limpieza viaria y menos de cinco semanas para el servicio de abastecimiento de agua. Es lo que resta para que ambas concesiones concluyan. Con estos plazos, el gobierno local se verá forzado a ese aplazamiento, si bien el edil insiste en que "no se hace uso de las prórrogas previstas en los contratos -con Viaqua y Ferrovial Servicios- sino que se aplica una medida transitoria para mantener la prestación del servicio y solo hasta que estén resueltos los próximos concursos".

Pero aún no hay fecha para adjudicar ninguno de los dos. Se insiste en que "con toda seguridad será este año", pero lo cierto es que no están convocados ninguno de los dos, si bien el contrato del agua ya fue denunciado en agosto pasado.

Compra de composteros

En cuanto a la basura, con una previsión de gasto de 5,8 millones de euros anuales, el contrato será radicalmente distinto al actual con la implantación del sistema de compostaje en todo el municipio, ahora prácticamente inexistente aunque en marcha en Monte Porreiro y previsto en Campolongo. Al respecto, el Concello ya tramita la compra de 300 composteros y González Carballo explica que se trabaja en el "nuevo estudio económico. Tan pronto esté listo, se lanza el concurso"

Más sencillo se presenta el contrato del agua, puesto que no se prevén cambios. De hecho, el concejal admite que será "muy similar" al suscrito en 1997, aunque con la variante de las "mejoras", es decir, las obras que debe acometer la adjudicatarias. Si hace veinte años se centraron en el abastecimiento y en función de las necesidades, ahora se diseña un plan basado en el saneamiento rural. Apenas queda un mes para que venza el contrato y en este caso la prórroga transitoria es inminente.

La situación de mayor complejidad se presenta en la recogida de basuras. Un equipo "multisdisciplinar de expertos en medio ambiente, juristas y economistas" ofrecido por la Diputación (competencia provincial que encabeza el también nacionalista César Mosquera, principal impulsor del nuevo modelo de compostaje) elabora el plan específico para Pontevedra y que ya está ultimado. Aunque no se ha dado a conocer, sí se han aportado bastantes claves sobre su contendido. Ese plan servirá de base para elaborar el pliego de condiciones del nuevo concurso municipal de adjudicación del servicio ya que incluirá un reglamento propio y otros documentos necesarios.

Faltan cinco meses para el final de la concesión, que también es de 5,8 millones de euros, y se antoja también difícil que para entonces esté adjudicado el nuevo contrato. Todo apunta, por tanto, a que Ferrovial Servicios continuará al menos hasta final de año con la recogida. Esta empresa y el Concello han tenido diversas diferencias, con sanciones municipales incluidas, en los últimos meses y en alguna ocasión el gobierno local admitió que las relaciones no eran precisamente cordiales.

Planta de A Canicouva

Lo que también transcurre con retraso es el proyecto de la planta de compostaje prevista en A Canicouva y podría aplazarse como mínimo hasta 2019 ya que mientras tanto se pueden utilizar otras instalaciones de la provincia. El gobierno local admite que la "prioridad es la recogida, no la planta", sujeta por el momento a un pleito judicial entablado por la plataforma de Pontesampaio que se opone a la ubicación elegida en los montes de la vecina parroquia de A Canicouva. Se insiste en que "es fundamental la recogida y el tratamiento in situ". En todo caso, en diciembre pasado se cumplió el primer año de alquiler de esos terrenos a los comuneros, por los que se pagan unos 20.000 euros anuales. Por el momento, solo se utilizarán para un estudio de la Universidad de Vigo sobre la eficacia del compost para la recuperación de terrenos degradados.