La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha puesto en marcha un proceso para la revisión, rectificación y actualización del dominio público marítimo-terrestre en 175 kilómetros del litoral de la provincia, un ámbito que incluye la práctica totalidad del municipio de Pontevedra, donde se analizarán 24.613 metros de costa en un franja de 300 metros con el fin de determinar, y reflejar en su caso, las variaciones registradas en esos terrenos en los últimos 28 años, desde que entró en vigor la Ley de Costas de 1988. Se trata, por tanto, de poner orden en un entramado de concesiones, terrenos sin uso y otras situaciones de la franja litoral de todo el municipio tras casi tres décadas de aplicación de la normativa.
La actuación, cuya contratación acaba de salir a licitación por unos 72.000 euros, se llevará a cabo en 24,6 kilómetros del litoral pontevedrés que se detallan en la documentación de Costas. Así, 10,6 kilómetros corresponden al margen derecho del río Lérez y la ría, y otros nueve a la orilla izquierda. Se incluye la avenida de Buenos Aires y el tramo de 1.623 metros entre Vilaboa y Fontaíñas, así como 3,4 kilómetros del río Verdugo. Esta revisión de deslindes incluye 14,1 kilómetros en Moaña, 21,3 en Redondela, 41,5 en Vigo y 17,7 en Nigrán hasta sumar 175.478 metros en toda la provincia.
Obras y terrenos
El Ministerio de Medio Ambiente explica que desde 1988 y la posterior aprobación de los deslindes, "se han ejecutado por parte de Costas un número considerable de obras, para cuya ejecución ha sido preciso obtener terrenos, parte de los cuales se han obtenido por expropiación y parte por entrega de los ayuntamientos de los términos municipales interesados, con la característica común de que, en ambos casos, la entrega o expropiación tenían el objetivo expreso de hacer posible la ejecución de las obras y el de la inclusión de los terrenos en el dominio público marítimo-terrestre. Como consecuencia de todo ello, resulta preciso acometer la actualización de los deslindes a fin de incluir todos los terrenos del dominio público marítimo-terrestres".
Costas no ofrece casos concretos en los que se hayan registrado estos cambios, pero sí precisa que los trabajos, con un plazo de ejecución de un año, consistirán en la "actualización de la cartografía en una franja de 300 metros desde el deslinde actual, a fin de que quedan reflejadas en la misma las obras y las nuevas construcciones ubicadas en la zona, así como la nueva linea de deslinde del dominio marítimo-terrestre resultante".
Entre las labores que deberá asumir la empresa contratada figura la elaboración de una delimitación provisional de los deslindes y colaborar en la tramitación posterior de los expedientes, además de recopilar la documentación actual, incluidas las concesiones y autorizaciones ya existentes. En este sentido, se establece la obligación de "incorporar como afectados e interesados" a los beneficiarios de títulos habilitantes como concesiones, autorizaciones, reservas o adscripciones.
Justificaciones
Costas apunta que "para los tramos en los que el deslinde propuesto coincida con uno ya aprobado, será suficiente justificar que no se encuentran más bienes hacia el interior que tengan características de dominio público marítimo-terrestre". Además, "en los casos en los que se proponga una anchura de la zona de servidumbre de protección inferior a los 100 metros se deberá justificar adecuadamente, acompañado, en su caso, de documentos" como el plan urbanístico específico o un informe de Costas al respecto.
Otro de los trabajos que deberá asumir la empresa que resulta adjudicataria de esta contrato es que "simultáneamente a la elaboración de la propuesta de delimitación provisional, se procederá de forma directa a la investigación y recopilación de datos de los titulares de terrenos colindantes con la linea de deslinde y de los que resulten incluidos en el dominio público propuesto". Estas parcelas deben quedar reflejadas en los planos, lo que obliga a una "revisión y depuración sobre el terreno, corrigiendo las modificaciones que puedan existir con relación a la documentación oficial existente".
