Los registros simultáneos ordenados en febrero de 2014 por el juzgado de instrucción número 7 de Vigo en seis concellos, la Diputación, y en oficinas de la Xunta de Galicia en el marco de la Operación Patos pusieron patas arriba el panorama político en la provincia de Pontevedra. Meses después, y tras el examen de la documentación intervenida, el juzgado vigués decidía desgajar el caso en varias piezas separadas y que fuesen los correspondientes magistrados en cada partido judicial, los que continuasen con la instrucción de cada uno de estos asuntos en los que asomaban posibles casos de corrupción en contratación de obras públicas, así como posibles episodios de enchufismo y tratos de favor. En el ojo del huracán estaban dos empresas: Eiriña y Cespa.

Dos años después, las sospechas iniciales pierden fuelle al menos en lo que respecta a los cuatro piezas separadas que acabaron siendo investigadas por los juzgados de la ciudad de Pontevedra. Dos de ellas ya están archivadas. Se trata de las referidas a una obra ejecutada por Eiriña para la empresa Ence con cargo a una subvención con fondos europeos y la segunda se refería a los supuestos "enchufes" en la empresa Cespa de trabajadores apadrinados por políticos y funcionarios del Concello de Pontevedra. Tras la práctica de una serie de diligencias judiciales, se archivaron ambas al no encontrarse indicios de delito ni por parte de la Fiscalía ni de las dos magistradas instructoras.

Ahora es la Fiscalía la que solicita el archivo de una tercera causa abierta.Se trata del expediente que investigaba posibles irregularidades en las contrataciones de obras por parte de la delegación en Pontevedra de la entonces Consellería de Política Territorial de la Xunta. Durante los registros en la sede de la empresa Eiriña se localizaron en varios ordenadores un total de tres documentos en los que supuestamente esta firma proponía a la Xunta de Galicia a varias empresas para que las invitase a participar en la licitación de obras públicas.

El fiscal especializado en delitos económicos, Augusto Santaló, analizó la documentación incautada a Eiriña y, tras una serie de declaraciones, llegó a la conclusión de que no hay indicios sólidos de ningún ilícito penal. En este sentido, destaca en su petición de sobreseimiento provisional de la causa que "se desconoce quien ha podido confeccionar, en Eiriña, dichos documentos" y que tampoco consta que los mismos "hubiesen tenido entrada en la administración a la que teóricamente iban destinados".

Sí consta, como posible destinatario de los mismos, el nombre de pila de una persona. El fiscal destaca que incluso el juzgado citó a declarar a un funcionario (ya jubilado) cuyo nombre de pila coincide con el que se señalaba en los documentos hallados en las oficinas de Eiriña. Sin embargo este testigo manifestó desconocer estos documentos y añadió que no le consta que hubieran tenido entrada en la delegación de Política Territorial en Pontevedra en donde él trabajaba.

También se tomó declaración a un antiguo trabajador de Eiriña quien rechazó en sede judicial haber confeccionado dichos documentos y quien insistió en que "a los ordenadores podía acceder cualquier persona".

Ante estos hechos, el fiscal pide el archivo provisional de la causa, algo a lo que se espera que acceda el juzgado de instrucción.

Obras del concello investigadas

Con el carpetazo judicial a esta tercera causa quedará viva en el juzgado tan solo una de las cuatro piezas separadas de la Operación Patos. Se trata de la que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de tres obras por valor de dos millones de euros por parte del Concello de Pontevedra a la empresa Eiriña. Se investiga la remodelación de la rúa Santa Clara, unas obras de mejora en un vial de Salcedo y la reurbanización de la Avenida de Lugo, además de una donación de la empresa constructora para la Cabalgata de Reyes pontevedresa. El informe de la UDEF destacaba el levantamiento de los reparos que realizaba el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, para que la propia empresa se encargase del plan de seguridad y salud de las obras.

Un procedimiento habitual del Concello que se justificaba en la falta de medios y en el ahorro de costes pero que la administración local cambió, precisamente, a raíz de la apertura de esta investigación judicial. En su informe, la UDEF de la Policía Nacional incluía algunas escuchas a responsables de Eiriña en las que se ponía de manifiesto, según los agentes, la "cercanía" que tenían con algunos técnicos del concello pontevedrés.

Investigación finalizada

El caso cayó en manos del juzgado de instrucción número 1 de Pontevedra y del fiscal de delitos económicos Jesús Calles. Entre otras diligencias, el Ministerio Público solicitó la declaración en sede judicial de varios funcionarios municipales. Aunque el caso sigue vivo, fuentes del Ministerio Público confirman que la investigación está también prácticamente finalizada tras la práctica de estas diligencias y que en breve se trasladará al juzgado la decisión que adoptarán finalmente, si continuar adelante si se detecta algún tipo de ilícito o si se solicita también el archivo como ocurrió con las otras tres causas.